La Comisión de Industria del Congreso tratará mañana la reforma de la Ley de Morosidad, cuyo debate gira en torno a la limitación de los plazos de pago a 60 días. Una proposición impulsada por CiU a la que pone obstáculos el Grupo Socialista, que quiere que ese tope sólo rija para operaciones entre pymes y autónomos, dando vía libre al acuerdo entre las partes para las grandes empresas. Algo que brinda a las compañías de mayor tamaño poder sobre las pequeñas.
Esta modificación legal incluiría la redefinición del concepto de pyme, para adaptarlo a la UE, elevando de 50 a 250 trabajadores la cifra que distingue una empresa pequeña de una grande. Sólo 2.000 compañías españolas quedan fuera de él. Urge acotar los plazos de pago en aras de la supervivencia de muchas empresas.
