Los registradores españoles firmaron en 2002 un acuerdo de colaboración con la Agencia de Protección de Datos por el que se comprometían a aplicar las medidas más exigentes de seguridad para evitar la indefensión de los ciudadanos incluidos en los Registros.
La investigación que actualmente realiza la Agencia deja ver que el nivel de garantía no es tan serio como se presumía y que es posible que personas que no deberían tener acceso a informaciones sensibles puedan hacerlo, con la desprotección de la seguridad jurídica que ello conlleva.
La carrera por hacer cada vez más ágil la Administración no puede suponer un descenso en la calidad de la justicia preventiva que representa el sistema registral y que es una de las bases fundamentales de la economía de mercado.
