El Gobierno planea una importante reducción de la Oferta de Empleo Público. La tasa de reposición se recortará hasta el diez por ciento, lo que implica que se recurrirá a cubrir plazas mediante la promoción interna. Con esta medida, el Ejecutivo tendrá que cuidarse mucho de que esos ascensos no se prestan a la discrecionalidad y la pérdida de calidad en el cuerpo. Y otro problema que presenta esta política es que la austeridad recaiga sobre secciones que quizá haga falta reforzar, como es el caso de los Inspectores de Hacienda o Trabajo. De otro modo, ¿quién perseguirá la economía sumergida? Parece lógico que el Estado central cuente con más técnicos superiores, sobre todo después de haberse trasladado el grueso de la gestión a las comunidades. Y esto se debe completar con la congelación de los salarios a la que se ha negado el Gobierno. ¿En qué cabeza cabe que una empresa que ingresa la mitad de lo que gasta suba sueldos y proteja todos los puestos de trabajo? ¿Cómo podemos sostener que la recaudación del IVA sea igual a lo que se gasta en subsidios al desempleo? ¿O que lo ingresado por IRPF sólo suponga la mitad de lo que nos cuestan los funcionarios? Los números resultan insostenibles. Pero peor aún es que esa ceguera ideológica lleve a que los ajustes se circunscriban al Estado central y no a las autonomías. A ver si sucede como con las televisiones autonómicas, que se prodigan mientras TVE recorta. Hay multitud de capas y puestos que pueden ser sometidos a recortes en la periferia también, desde diputaciones a delegaciones territoriales. Ahí está la mayor parte del tejido adiposo. Eso sí que requiere un Pacto de Estado.
