El déficit fiscal en España se ha disparado, llegando a niveles preocupantes de alrededor del 12% del PIB para 2009 y 2010. Más aún, las perspectivas futuras no ayudan en absoluto, de hecho son mucho más preocupantes si cabe.
El progresivo envejecimiento de la población española implica que el coste de las pensiones podría pasar del 8% del PIB al 15% en un periodo de 40 o 50 años, eso sin contar con el consecuente incremento de las necesidades de gasto sanitario.
Todo esto en una economía que roza el 20% de desempleo y con unas perspectivas de recuperación económica muy dudosas en ausencia de reformas contundentes y dolorosas. No es de extrañar que los potenciales compradores de deuda pública española tengan sus dudas respecto de la viabilidad de las cuentas públicas españolas.
Soluciones
El inevitable proceso de consolidación fiscal implica aumentar la capacidad de recaudación fiscal, disminuir las necesidades de gasto o una combinación de ambas de forma permanente y creíble.
Si no, la cosa se puede complicar mucho: ahí tenemos el ejemplo de Grecia. El nivel de deuda a día de hoy no preocupa gracias a sus bajos niveles de partida. No nos engañemos, preocupa la incapacidad para introducir reformas que aseguren la capacidad de financiación de las administraciones públicas españolas en las próximas décadas.
Es en este contexto donde se debe enmarcar el debate sobre la subida del IVA anunciada por el Gobierno para el próximo julio (el tipo general pasaría del 16 al 18% y el reducido, del 7 al 8%; el superreducido, que grava alimentos básicos, se mantendría en el 4%).
Más recaudación, menos consumo
Dicha medida presenta ventajas e inconvenientes. Por un lado, se trata de una medida que incrementa la recaudación fiscal, por lo que va en la buena dirección. Sin embargo, puede perjudicar la recuperación económica. Aumentar los impuestos hace que los hogares sean más pobres y tengan menos incentivos para trabajar, con lo que suele conllevar una caída de consumo, producción y empleo.
En un trabajo reciente junto con Javier Díaz, Julián Díaz y Josep Pijoan hemos calculado los costes teóricos de un incremento del IVA de dos puntos porcentuales. Nuestros resultados implican que el aumento del IVA tiene un efecto negativo sustancial y permanente sobre la actividad económica futura.
La medida podría implicar una reducción del PIB a precio de factores y del consumo de alrededor del 1%, con lo que la recaudación fiscal por imposición directa también se vería reducida en esa cuantía.
Recaudación del 1,7%
El impacto positivo previo a la reforma, debido al adelanto de algunas decisiones de consumo (un incremento temporal del consumo del 0,5 al 1%) como respuesta al anuncio de una mayor fiscalidad futura, no tiene consecuencias relevantes para la viabilidad de las cuentas públicas. Por tanto, si bien la recaudación futura del IVA aumentaría en un 10,5%, en cambio la recaudación total sólo aumentaría en un 1,7%.
En este contexto, la subida del IVA contribuye a mejorar las perspectivas de financiación de las administraciones públicas, además de señalar a los mercados que el Gobierno es consciente de los problemas y está dispuesto a asumir sacrificios para afrontarlos. Un incremento de la recaudación del 1,7% no es una cuantía negligible, pero no resulta suficiente frente al déficit estructural de la Administración pública española.
Es necesario un consenso para afrontar reformas integrales, de las cuales es parte fundamental la reforma del mercado laboral (acabando con su dualidad) y asegurar la viabilidad futura del incremento del gasto sanitario y de pensiones, sin olvidarse de la educación.
¿Estamos los ciudadanos, políticos y agentes sociales dispuestos a contribuir a ese consenso y aceptar sacrificios? La urgencia de la situación lo requiere.
Juan Carlos Conesa, Universidad Autónoma de Barcelona.
