La subida del IVA del próximo julio no deja de levantar ampollas. Entre los expertos, porque la ven como un palo en la rueda del crecimiento económico. Entre los consumidores, porque sus bolsillos ya están demasiado castigados. Entre las empresas, porque muchas tendrán que bajar sus márgenes si no quieren perder ventas. Entre los políticos, por los lances lógicos de la arena parlamentaria. Y, al fin, entre las autonomías, que presenciarán el alza como meras espectadoras; es decir, sin recibir en 2010 ni un euro derivado de esos ingresos. Una confluencia de mecanismos del complejo sistema de financiación autonómica es la responsable.
Por un lado, las regiones tienen fijada la cantidad máxima del sistema que les corresponde y, por otro, el Fondo de Suficiencia Global surte efectos desde el inicio del ejercicio siguiente a aquél en que se ha efectuado su revisión. Con lo cual, para este año, los ingresos autonómicos están servidos, suba el IVA lo que suba, al margen de que el citado fondo se revise en adelante. Tiene su lógica, pues el Estado central ha asumido y compensado las pérdidas derivadas de la eliminación del IAE y de la supresión del gravamen por Patrimonio.
En buena lid, pues, resulta aceptable que ahora sea su caja la que se nutra de esta impopular subida impositiva. Más si tenemos en cuenta que las CCAA han elevado todos los tributos que han podido, mientras el IVA no ha subido nunca. Amén de los efectos indeseables identificados en la futura subida del IVA, se torna justo que ésta nutra al Estado, obligando a que las comunidades autónomas se aprieten un cinturón que siempre llevan demasiado holgado.
