El retraso del Tribunal Constitucional ( TC ) a la hora de emitir una sentencia sobre el nuevo Estatuto catalán resulta tan incompresible como vergonzoso. Una demora que está dejando al TC hecho unos zorros, convirtiéndose así en un grave problema nacional. Pero la verdad es que, en este campo de la articulación territorial del Estado, en el TC llueve sobre mojado. Veamos:
Todos los tratadistas están de acuerdo en que el TC ha resultado ser un actor decisivo para tutelar los derechos fundamentales, para adecuar el derecho procesal y la legalidad punitiva (el Código Penal); también el derecho laboral e incluso el Derecho parlamentario, pero su labor ha resultado nefasta en lo tocante a las autonomías. Ya la sentencia 76 de 1983, que destrozó la LOAPA, señalaba una deriva muy del gusto de los nacionalismos, que, como se va viendo, tienen como objetivo último la destrucción del Estado.
Deriva del TC que sólo ha producido destrozos. Destrozos que, desde luego, no estaban previstos ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución de 1978.
En primer lugar, la sentencia 337 de 1994, que dio por buena la privación de los derechos lingüísticos de los niños catalanes con lengua materna castellana. También se cargó la supletoriedad del Derecho estatal alterando el sentido federal del Estado (sentencia 118 de 1996 y 61 de 1997) y en su sentencia 247 de 2007 dejó escrito que si un Estatuto de Autonomía invade materias reservadas a una Ley Orgánica, el atropello no lo invalida, simplemente lo hace ineficaz. En fin, contraviniendo la literalidad del artículo 159. 1 de la Constitución, metió la zorra en el gallinero al dar por buena la intervención de las comunidades autónomas en la designación de cuatro magistrados del TC (sentencia 49 y 101 de 2008).
Con estos antecedentes, pocas esperanzas cabe poner en que el TC arregle los torpedos anticonstitucionales que contiene el nuevo Estatuto catalán, recurrido ante él hace ya más de cuatro años.
Joaquín Leguina, estadístico.
