Si tuviéramos que señalar un aspecto positivo del documento Líneas de actuación en el mercado de trabajo para su discusión con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social, presentado por el Gobierno , diríamos que reconoce explícitamente la gravedad de la situación y que acierta en los objetivos que señala, centrados prioritariamente en la creación de empleo.
Ahora bien, nos dice que es responsabilidad de todos la recuperación de la actividad y la creación de empleo. En este contexto, el Gobierno parece ser sólo uno más que aporta su colaboración. Y esto no es de recibo.
Así como la situación que vivimos no es responsabilidad de todos, o al menos no lo es de todos por igual, tampoco cabe equiparar las responsabilidades para su solución. Es sin duda preferible que las medidas legislativas en materia social vengan respaldadas por un consenso amplio con los agentes sociales, pero esto no debe ser excusa para no gobernar cuando hay que tomar decisiones necesarias.
De ahí que una propuesta de medidas laborales para su negociación, como la que el Gobierno presenta, hubiera debido ir respaldada por una declarada voluntad de gobernar, enviando un mensaje de control de la situación y firmeza en la asunción del liderazgo a todos los ciudadanos.
Propuestas del Gobierno
En las líneas de actuación que el documento contiene, nos encontramos con que el Gobierno parece no darse cuenta de que la verdadera dualidad del mercado laboral no está hoy entre trabajadores fijos y temporales, sino entre trabajadores y parados, o subempleados, abocados a la economía sumergida.
El Gobierno reconoce la ineficacia de las medidas adoptadas hasta ahora. ¿Y qué propone? Medidas sancionadoras y de control, que las empresas asuman el coste de desempleo en los contratos temporales y poner el foco de la inspección de trabajo en evitar el fraude de causalidad, a cambio de extender el modelo de contrato de fomento de la contratación indefinida, o de buscar un cauce de racionalización que permita reducir las indemnizaciones en el marco de las causas objetivas justificadas -no sabemos cuál-.
Tampoco se concreta la apertura de la regulación del contrato de tiempo parcial, que se deriva a la negociación colectiva.
En cuanto a la mejora general de la intermediación laboral, medida que se presenta unida al "refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo", sólo nos queda claro que se van a regular las agencias privadas y las empresas de recolocación; es decir, que vamos a cumplir con la directiva europea sobre las ETT.
En cuanto a la revisión de las bonificaciones a la contratación, el Gobierno se limita a reconocer nuevamente que el sistema que tenemos no sirve, y a decirnos que la línea de actuación que propone es evaluar si seguimos bonificando y evaluar cómo.
Pero cuando el documento riza el rizo es al abordar las medidas sobre negociación colectiva y flexibilidad interna en las empresas. Es muy destacable el buen conocimiento que muestra el Gobierno sobre los problemas actuales, para decirnos que hasta ahora no ha funcionado el modelo de negociación colectiva vigente, ineficaz para aumentar la flexibilidad interna frente a los despidos. ¿Conclusión? ¡Sigan ustedes negociando como hasta ahora! ¡A ver si en esta ocasión hay más suerte!
Tampoco presentan mayor concreción las menciones a la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, y alguna idea positiva en relación con el absentismo o la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo (modelo alemán) se condiciona a que se haya negociado previamente a través de la negociación colectiva que el propio Gobierno reconoce que no funciona.
Al margen de la situación de crisis
Las líneas de actuación que propone son las que un Ejecutivo hubiera seguido no en un contexto de recesión, sino de crecimiento y estabilidad. No, desde luego, para afrontar esta crisis de empleo.
El documento presentado por el Gobierno es más una propuesta de agenda de negociación que una toma de posición o un anuncio de medidas. Nos dice el Ejecutivo que va a "solicitar a los interlocutores sociales la máxima cooperación, atendiendo a la responsabilidad que la situación exige", cuando esto es precisamente lo que los agentes sociales -y la ciudadanía, en general- están solicitando al Gobierno desde hace ya demasiado tiempo. El Ejecutivo debería asumir su responsabilidad e impulsar las medidas legislativas acordes con la gravedad de la situación.
Carlos de Benito Álvarez, director de la Nebrija Business School.
