El debate actual sobre las pensiones en España no hace sino confirmar que los modelos actuales de pensiones en la Europa continental se enfrentan a los costos crecientes del envejecimiento de la población y de la esperanza de vida y que, a menos que el sistema de beneficios se reforme radicalmente, ese envejecimiento global se convertirá probablemente, no sólo en el problema económico más trascendente de este siglo, sino también en el problema político más importante.
Las actuales pensiones difícilmente podrán ser mantenidas en los años venideros por los esquemas públicos de pensiones, constituidos hace décadas bajo otras premisas demográficas y económicas, si no se realizan drásticos incrementos de impuestos o se recortan prestaciones.
Y aun cuando los países de Europa continental están destinando alrededor del 15% de sus PIB en desembolsos para las pensiones públicas (cifra que se elevará a más de 18% para algunos países dentro de 40 años), hasta el presente la mayoría sólo ha implementado medidas circunstanciales.
Suecia, modelo a seguir
Sin embargo, Suecia sí afrontó esta necesaria reforma de las pensiones incluso aunque su modelo anterior funcionara sin graves problemas durante casi 30 años y habiéndose caracterizado tradicionalmente por un alto nivel de protección social basado en los principios de cobertura universal y solidaridad, y siendo el referente para otros gobiernos europeos a la hora de construir sus Estados del Bienestar.
La compleja y completa reforma, aprobada en 1994 y que entró en vigor en 1999, tomó como válidas las recomendaciones de la Unión Europea y convirtió el anterior sistema de pensiones de reparto en un sistema de tres niveles, situando en la base, una pensión mínima o de base garantizada por la Seguridad Social a todos los jubilados de 65 o más años, dirigida a aquellas personas que hubieran tenido ingresos bajos o ningún ingreso durante su vida profesional.
El segundo escalón, y también incluido en el régimen de Seguridad Social, contempla dos tipos de pensiones principales, una pensión de ingresos o plan de cuentas, financiado por reparto y calculada en función de todos los ingresos procedentes de toda la vida profesional del trabajador y, por otro lado, una pensión de primas o de capitalización. Es decir, cada ciudadano sueco en activo, además de cotizar de acuerdo con el sistema de reparto vigente con un 16,5% de sus ingresos, tiene que dedicar un porcentaje de sus ingresos a un seguro privado de capitalización, un 2% restante, en el que concretamente el 50% de la cuota lo ingresa el trabajador y el restante 50% es aportado por la empresa.
En el régimen de reparto, las pensiones se indexan anualmente sobre la base de la tasa de variación del salario cubierto promedio, mientras que en esas cuentas individuales financieras de capitalización los trabajadores pueden escoger sus propias carteras de inversión de entre una gran cantidad de fondos, y será la rentabilidad del fondo la que determine su prestación, quedando sometidas todas las prestaciones recibidas al mismo régimen tributario que los ingresos de la vida activa. Además, el trabajador recibe información puntual del ahorro acumulado en su pensión pública.
El tercer nivel consiste en una serie de cuentas individuales capitalizadas de aportación definida en el marco de acuerdos colectivos.
Cerca del 90% del mercado laboral sueco está cubierto por estos planes de pensiones de empresa, acordados con los sindicatos, los llamados planes contractuales, que complementan las pensiones ya descritas. En promedio, los planes de empleador suponen una tasa de cotización adicional de 3,5%, lo que arroja una tasa global de cotización de 22% (18,5% + 3,5%) para la mayoría de los empleados.
Causas de la reforma
Las motivaciones de esta reforma nacieron de la necesidad de reducir la desigualdad intergeneracional resultado de los importantes aumentos en las tasas de cotización previstas para el futuro, necesarios para financiar el antiguo sistema de prestaciones definidas.
También se trataba de terminar con la desigualdad intrageneracional nacida del sistema de cálculo de las prestaciones del sistema antiguo, que era por años de servicio. De esa manera se trataba de premiar el esfuerzo de ahorro de quien posterga más años el consumo. Por último, trataba de fomentar el ahorro financiero mediante el sistema de pensiones obligatorio.
Ventajas e inconvenientes
Entre las ventajas de este sistema, destaca la obligatoriedad de invertir entre un grupo de gestoras seleccionadas por el Gobierno sueco, que es el que negocia condiciones y coste de estos servicios, con un poder de presión más alto que el que tienen los particulares. Además, se confiere al sistema de mayores garantías al ser el propio Gobierno el que lo regula y fomenta.
Entre los inconvenientes, debe explorarse el impacto de la crisis financiera que ha afectado a las capitalizaciones de los fondos de pensiones y, por tanto, a las prestaciones recibidas por los pensionistas y a sus derechos consolidados.
Quizás deban crearse mecanismos de ajuste para tratar de mantener el equilibrio en respuesta a las fluctuaciones económicas y financieras de corto plazo y a los cambios demográficos en el largo plazo. No debe obviarse tampoco que esa aportación obligatoria y mayor del trabajador al sistema de pensiones a futuro condicionará y reducirá su renta disponible en el presente, lo que significa un impacto sobre el consumo u otras fórmulas de ahorro a corto plazo, por lo que deberán mejorarse los mecanismos compensatorios, especialmente fiscales de aportaciones y prestaciones.
Para conseguir migrar en nuestro país a un sistema de similares características deben superarse los obstáculos educativos y políticos que hasta el presente han impedido un debate honesto en la sociedad para que afronte este problema. Por ello, debe ser una comisión independiente la que asuman esta urgente tarea con el mandato de elevar un informe al Parlamento con propuestas de reforma.
Rocío Gallego Losada, profesora titular de la universidad Rey Juan Carlos.
