La imputación que se le hace al aumento de esperanza de vida de causar un déficit a pocos años vista, plantea una interesante reflexión. Las políticas de salud -por lo menos entre nosotros- van encaminadas no sólo a evitar enfermedades, sino también a que la esperanza de vida sea cada vez mayor y de más calidad. Pareciera, pues, que el ciudadano o ciudadana que aceptan y se benefician de esta opción de política social entran en contradicción consigo mismos en cuanto que productores y creadores de valor.
Sólo la continuidad de la vida laboral hasta unos límites cada vez más crecientes parece ser la salida de esta antinomia aparente entre productividad y prolongación de los años de vida. Y si esto es así, ¿qué hacemos con los que están en edad de incorporarse a los procesos laborales? ¿Cómo se aborda el paro juvenil?
El problema radica en que se obvia de la discusión el factor productividad. Sólo una economía que se apoya en gran medida en una fuerte inversión de capital variable (mano de obra) puede inducir a esa visión del problema. La inversión en capital constante (tecnología, infraestructuras y métodos avanzados) es la que genera una mayor productividad y, en consecuencia, una mayor capacidad de riqueza y valor añadido. La desindustrialización de España y la apuesta por el ladrillo son los polvos que han traído estos lodos.
Por eso, es atentatorio contra la razón y el sentido común el imputar a los déficits el aumento del desempleo. Muy al contrario, es el desempleo el que origina los déficits. ¿Qué ocurriría si los 4 millones de parados fuesen cotizantes a la Seguridad Social? El problema radica en que una determinada concepción de la economía es incompatible con el Derecho tuitivo y los Derechos Humanos. ¿Acaso hay una contradicción in terminis entre Economía y Justicia?
Julio Anguita, ex coordinador general de IU.
