Es la nueva ocurrencia estrella del Ejecutivo: incentivar fiscalmente las reformas de viviendas e inmuebles. Los expertos y el sector desconfían: las chapuzas rehabilitarán los edificios... no la economía.
Así se resume el sentir en torno a la iniciativa del Gobierno. Es más, da la sensación de que, bajo la figura del apoyo fiscal, se está enmascarando un tentáculo más de la lucha antifraude, apremiada por la caída de ingresos. Beneficiarse de las bonificaciones implica declarar movimientos; es decir, aflorar trabajo sumergido en un sector en el que proliferan los pagos en dinero B, con lo que el coste de emerger puede ser disuasorio para muchos.
Además, con los bolsillos vapuleados por la crisis, cuesta creer que alguien cuyos ingresos no rebasen los 33.000 euros anuales se meta en una obra doméstica de calado sólo por un ligero alivio en la factura fiscal. El análisis coste-beneficio puede ser, para el consumidor, muy poco ventajoso.
Por otra parte, teniendo en cuenta que las rehabilitaciones se dinamizan cuando la compra de vivienda desciende, la medida se aplicaría a un ramo que mejora desde julio de 2009, cuando otros, como el comercio minorista, agonizan sin tregua conforme avanza la crisis.
La mejora que puedan operar las ayudas fiscales a la rehabilitación de vivienda se espera meramente coyuntural, ligada a un liviano efecto ganga y a que se aproveche para adelantar reacondicionamientos de carácter normativo. Pasado el efecto transitorio, estructuralmente no cambiará nada. Una vez más, la política económica cortoplacista de crear algo de actividad y empleo temporal para ganar tiempo. Los parches no valen. Ni en construcción, ni en economía.
