El Gobierno ha presentado a los partidos de la oposición un paquete de medidas de política económica que no abordan los problemas de fondo de nuestra economía. De hecho, cabría pensar que, a través de la búsqueda de un acuerdo de contenido muy limitado, el Gobierno persigue un claro rédito político. Por un lado, porque ante la crisis económica la ciudadanía demanda una respuesta del conjunto de la clase política y, por otro lado, porque permitiría compartir responsabilidades.
No obstante, con independencia del alcance y contenido del acuerdo entre Gobierno y oposición, su eficacia va a estar en gran medida condicionada por otro ámbito de negociación: el que el Gobierno nacional alcance con las Comunidades Autónomas. La grave crisis de nuestra economía está mostrando que, si bien la progresiva descentralización del Estado ha servido para conseguir una cierta paz territorial, ha debilitado la capacidad y la eficacia del Gobierno nacional para adoptar las reformas necesarias que contribuyan a mejorar la productividad y la competitividad de nuestra economía.
Los ámbitos de reforma que dependen en gran medida de la voluntad política de los entes territoriales y, en especial, de las Comunidades Autónomas, son múltiples. En primer lugar, cualquier política creíble de consolidación fiscal pasa necesariamente por la contención del gasto público de las autonomías. En este sentido, conviene recordar que el gasto de comunidades y ayuntamientos representa ya en torno a dos terceras partes del total del gasto de las Administraciones Públicas, superior incluso al de países federales como EEUU o Alemania.
Pero el papel clave de los entes territoriales no se limita a la deseable consolidación fiscal, sino que también lo es en otros ámbitos de máxima relevancia desde el punto de vista del avance en la recuperación económica:
?La reestructuración del sector financiero sigue empantanada porque los gobiernos autónomos se oponen a las fusiones de cajas de ahorros de distintas comunidades, las cuales limitarían su poder sobre estas instituciones financieras.
?La correcta transposición de la Directiva de Servicios, que constituye una oportunidad única para dinamizar un sector clave para la economía española, exige la colaboración de las CCAA. Sin embargo, tal y como muestra el mantenimiento generalizado de la autorización de apertura para las grandes superficies, las Autonomías muestran una escasa voluntad de liberalización del sector.
?La unidad de mercado, imprescindible para un desarrollo eficiente de la actividad empresarial, cada vez está más fracturada por la multiplicación de marcos regulatorios y fiscales.
Las razones anteriores deberían llevar a las fuerzas políticas a buscar un acuerdo, en el que se redefina el actual marco competencial y se devuelva al ámbito de la Administración Central algunos instrumentos de política económica que con la presente definición del Estado han visto totalmente mermada su eficacia. Aunque a priori desde el punto de vista político casi se antoja imposible ni siquiera plantear el tema; desde la óptica de la economía de nuestro país resulta imprescindible.
Jesús Paúl Guitiérrez, profesor agregado de Economía Aplicada. Universidad CEU-San Pablo.
