La delicada posición fiscal de Grecia y el riesgo de una crisis de deuda con un potencial desestabilizador para el conjunto de la eurozona han puesto de relieve las debilidades de la arquitectura institucional de la UEM para lidiar con escenarios a la griega.
Esta hipótesis ha sido el factor determinante para el lanzamiento de una iniciativa del eje franco-alemán de crear una especie de Fondo Monetario Europeo (FME) destinado a prevenir y combatir la génesis de posiciones presupuestarias insostenibles que puedan conducir a una suspensión de pagos a los países integrados en el área monetaria del euro.
Por desgracia, esa idea, lejos de favorecer la prosecución de políticas fiscales y presupuestarias rigurosas y sensatas, genera incentivos para todo lo contrario; es decir, para estimular la irresponsabilidad con la convicción de que, si las cosas van mal, el FME o cualquier instrumento parecido correrá en su socorro y los salvará de la quiebra.
Pacto de Estabilidad y Crecimiento
Curiosamente, evitar este tipo de cuestiones fue el elemento clave para establecer el conjunto de reglas monetarias y presupuestarias que acompañaron al nacimiento del euro. El primer pilar para evitar ese tipo de peligros fue el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que establecía un marco normativo para impedir la generación de déficit y deudas excesivas.
Su debilitamiento a partir de 2005 está en los orígenes de buena parte de los problemas de las finanzas públicas griegas y su efectiva suspensión a raíz de la crisis económico-financiera internacional iniciada en el verano de 2007 sólo sirvió para agudizar la tendencia a desplegar estrategias fiscales insostenibles en Grecia y en otros países de la eurozona.
La experiencia demuestra que esa actuación no ha servido para sacar a ningún Estado miembro de la recesión y sólo ha servido para generar niveles de endeudamiento público inmanejables. Desde esta óptica, no han fallado las reglas de disciplina impuestas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por la sencilla razón de que han sido vulneradas de manera sistemática.
El segundo pilar de la constitución económica de la eurozona es la cláusula según la cual se prohíbe al BCE monetizar los déficit/deuda de cualquier Estado. De este modo, se pretendía impedir el recurso a la máquina de fabricar billetes del banco central para financiar los desequilibrios de las finanzas públicas de los países integrados en la UEM. Éste era un criterio básico para fortalecer la credibilidad del instituto emisor en su compromiso con la estabilidad de precios y para lanzar una señal a los mercados y a los Estados de que éstos habrían de soportar los costes de sus políticas fiscales.
Aunque en teoría esta cautela ha sido respetada, en la práctica se ha visto debilitada por las medidas extraordinarias de liquidez aplicadas por el BCE para evitar el desplome del sistema de pagos de la UEM. Buena parte de esos recursos han sido empleados por las instituciones financieras para comprar deuda pública, lo que supone una monetización indirecta de la misma.
En este contexto, los mercados financieros han castigado a los países con posiciones fiscales insostenibles. Unos han optado por hacer los deberes, léase Irlanda; otros no los han hecho, caso de España, y algunos están en trance de hacerlos, parece que Grecia.
Quienes se han embarcado en una estrategia de ajuste presupuestario creíble han recuperado la confianza de los mercados, de nuevo los irlandeses, y quienes no han emprendido esa senda tienen problemas y los seguirán teniendo mientras no restauren la confianza en la solidez de sus finanzas públicas.
Irresponsabilidad presupuestaria
Esto significa que no es necesario arbitrar ningún mecanismo extraordinario de ayuda ni crear un FME para que un Estado evite una crisis de deuda, un default, como dirían los argentinos. Es más, el potencial rescate de Grecia por procedimientos ajenos al marco institucional de la UEM supondría premiar a quienes lo hacen mal frente a quienes lo hacen bien. Sería subvencionar a los irresponsables frente a los prudentes. Esto no parece justo y, además, tiene consecuencias indeseadas y, en buena medida, perversas.
Si se crea un FME o algo parecido, se fomentará la irresponsabilidad presupuestaria. ¿Para qué va a incurrir un país en los costes políticos de la austeridad si no existe la posibilidad de que quiebre, si al final Mamá Europa evitará su colapso fiscal?
Se produce así una situación de riesgo moral que estimula sin duda alguna el despliegue de políticas fiscales insostenibles y, por tanto, aumenta en lugar de reducir la emergencia de entornos de riesgo sistémico generalizados. Si se socorre a Grecia, por ejemplo, es evidente que se hará lo mismo con cualquier otra economía de la eurozona que llegue a estar en una situación parecida.
Ayudar a unos es ayudar a otros
De nada sirve proclamar "es la primera y última vez", porque nadie se lo creerá, sobre todo si la amenaza de bancarrota afecta a una o a varias economías de mayor tamaño. Es impensable que no se permita hundirse a Grecia por su impacto desestabilizador sobre la UEM y, por ejemplo, se dejase caer a España, que es la cuarta economía de la región, si se viese abocada a una crisis de deuda. Es un caso de libro de inconsistencia temporal.
Hay un mecanismo de ajuste más poderoso que cualquier arreglo normativo, que no puede ser burlado y ha funcionado con extraordinaria precisión: la disciplina de los mercados.
Éstos han puesto en su punto de mira, y con razón, a los países inmersos en escenarios presupuestarios insostenibles y que no hacen nada o poco para corregirlos. A esas economías indisciplinadas, y sólo a ellas, les corresponde restaurar su solvencia y credibilidad. De lo contrario, pagarán las consecuencias.
Lorenzo B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.