Andan otra vez algunos representantes del sector político más conservador de nuestro país creando polémica con el ineludible deber del Rey de sancionar con su firma la Ley del Aborto.
Hablan de esa obligación del monarca como si fuera algo que él pudiera firmar o no firmar, según sus preferencias o gustos personales. Se refieren a ese trámite como si Don Juan Carlos pudiera optar, en cada caso en que las Cortes aprueban una u otra iniciativa, a decir ahora sí, ahora no, de forma totalmente arbitraria y caprichosa.
Conviene aclarar, según información del departamento de Prensa del Palacio de la Zarzuela, que la sanción real de las leyes aprobadas por los representantes legítimos del pueblo español es un acto debido y que el refrendo del Rey significa que se han cumplido todos los trámites previstos en el proceso que debe recorrer una ley para entrar en vigor.
También es necesario recordar que, según la Constitución española, el monarca tiene la obligación y no la potestad de sancionar las leyes y que por tanto, la firma de Don Juan Carlos es un trámite de inexcusable cumplimiento.
En este contexto, la campaña lanzada por sectores próximos a la Conferencia Episcopal, la más retrógrada en muchos años de Gobierno de la Iglesia española, de presionar al Rey para que no firme la nueva Ley del Aborto, es una nueva intromisión de los obispos en un terreno que no les corresponde.
Y digo nueva porque ya intentaron algo parecido cuando se aprobó la Ley de Matrimonios Homosexuales, en donde se sugirió a Don Juan Carlos que no firmara y que siguiera el ejemplo del Rey Balduino de los belgas, que abdicó por un día para no firmar la ley del aborto en su país.
Don Juan Carlos rechazó entonces la propuesta con palabras muy claras: el Rey Balduino era el Rey Balduino y él era el Rey de España.
Carmen Enríquez, periodista especializada en información de la Casa Real.
