La patronal de los fabricantes de automóvil advierte de que se pueden perder 3.000 empleos si se acaban las ayudas a la compra de coches . Calculan que sobre las arcas públicas recaerían unos 125 millones de euros en gasto por prestaciones sociales, mientras que el dinero empleado en los incentivos ha alcanzado los 100 millones.
Sin embargo, estos datos más bien prueban lo cara que ha resultado esta política. No sólo hemos pagado por adelantar la demanda y, por tanto, robarle compras al futuro. Hay que reestructurar el sector y todo ese dinero se habría empleado mucho mejor en la reorientación de esos trabajadores y la inversión en otras actividades con futuro.
El motor está destinado a ajustarse y subsidiarlo hasta que no se pueda más es la medida errónea. Seguimos sin distinguir gasto de inversión.
