La instrumentalización de los datos objetivos, la chapuza pseudo-científica y la apelación al sentido común más zafio están presidiendo todas las declaraciones gubernamentales y las tertulias periodísticas en torno a la cuestión del envejecimiento de la población como la causa inapelable del colapso futuro de nuestro sistema de pensiones.
Recordemos cómo estos profetas se equivocaron hace años cuando predijeron que, para el año 2010, el sistema estaría casi en quiebra.
Recordemos también algunas cosas más que son obviadas por ellos a la hora de sus predicciones catastróficas.
El Pacto de Toledo separó las fuentes de financiación de la Seguridad Social de los ingresos que por otros conceptos son recaudados por el Estado.
En consecuencia, la obligación que el Estado tiene, derivada del artículo 41 de la vigente Constitución, se concreta en un sistema que tiene como base primordial las cotizaciones de empresarios y trabajadores. La conclusión inmediata es que la atención a los pensionistas no debe confundirse con el instrumento creado para satisfacer las obligaciones de los poderes públicos.
Si el sistema de financiación de la Seguridad Social español no es capaz de realizar una función que le ha sido delegada por el Estado, le toca a éste asumir su responsabilidad a través de sus Presupuestos Generales del Estado (PGE); a no ser que se tenga doble vara de medir y de interpretar el texto constitucional.
Pero, ¿es cierto que el alargamiento de la esperanza de vida pone en peligro las fuentes de financiación de la Seguridad Social? Antes de entrar en la denuncia de la falacia que, so capa de la exactitud matemática, pretende arramblar con logros conseguidos en siglos de luchas por la justicia en su sentido más estricto, hagamos una reflexión en torno a la cuestión de fondo que no es otra que dirimir quien tiene la primacía: el Derecho o la jungla.
Julio Anguita, ex coordinador general de IU.
