La utilización del ICO para financiar a pymes presenta demasiadas dudas. La primera estriba en la solvencia: si se va a prestar a empresas solventes, entonces, ¿qué se va a solucionar a las pymes? Las entidades ya están locas por encontrar clientes saneados. ¿Implica eso que la banca se quedará con las empresas sin problemas mientras que los más arriesgados se endosarán al ICO? La segunda, ¿cómo es eso de que no va a computar como deuda pública? A los analistas o a Bruselas les da igual si lo tiene el Tesoro o el ICO, tan sólo verán que recibe el aval del Estado y que se dan préstamos peligrosos. Parece una réplica de los Freddie Mac y Fannie Mae que funcionaron irresponsablemente porque contaban con respaldo implícito del Estado y, finalmente, tuvieron que ser rescatadas. Los mercados lo incluirán como una fuente más de riesgo. Y tercero, ¿se puede emplear una cantidad ilimitada? Esta crisis debería haber dejado claro que la Administración no goza de recursos infinitos. Esos esfuerzos fiscales terminan por sustraer financiación a las pymes. Pregúntese adónde ha ido una parte del dinero de la banca. Pues a comprar deuda pública. A esto se añade que el ICO no dispone de recursos para gestionar tanto trabajo y que los facilitadores en cuatro meses sólo han cerrado un acuerdo. Desde luego, no parece un éxito. Y si ahora un solo banco va a comercializar el crédito del ICO llevándose a esa clientela, ¿cómo reaccionará el resto de entidades? Con una solución muy dudosa, el Estado ahora intenta suplantar a un sistema financiero cuyo saneamiento debería haber propiciado hace ya año y medio.
