El Gobierno prepara una nueva ofensiva contra el fraude fiscal que se centrará en los aspectos laborales de éste. En concreto, en el trabajo sumergido, bien porque no se declare la actividad económica desempeñada, bien por estar trabajando para otro en negro. Una nueva escenificación del Ejecutivo, pues la lucha contra el fraude es una obligación en sí misma que se presume de la Administración. Una obligación, pues, y no una medida discrecional. Sentada esta base, se anula de entrada cualquier medalla publicitaria con la que el Gabinete de Zapatero se quiera condecorar al presentar este plan, el próximo viernes, en Consejo de Ministros. Es más, en lugar de vender deberes como méritos, debería aprender que, además del camino de la regulación, supervisión e inspección, hay otra vía para combatir el fraude, en concreto el laboral: la de crear un marco más favorable para la actividad y el empleo. En definitiva, un mercado de trabajo más flexible, en que el funcionamiento de sueldos, cotizaciones sociales e indemnizaciones propicie la contratación. Muchas situaciones sumergidas, se dan porque el coste de la superficie es inabordable para algunos ante situaciones críticas. Por otra parte, el Ejecutivo ha de vigilar que la aplicación de este plan antifraude fiscal y laboral no derive en un mayor aumento del paro. La única manera sostenible de atajar las irregularidades laborales es reducir el coste de contratar, bajando cotizaciones o permitiendo el ajuste de salarios. En suma, batallar contra la rigidez. Ésa sí que es un fraude, que crea paro y, finalmente, aboca a algunos a la economía sumergida. Hay que ponerle coto.
