E l pasado 14 de febrero la ministra de Economía, Elena Salgado, presentó en el Consejo de Ministros el Plan de Acción inmediato contra el déficit, con el objetivo de ajustar el presupuesto público, de acuerdo con el compromiso asumido ante Bruselas y ante los inversores internacionales. El recorte ha de ser de 50.000 millones de euros, que Gobierno y comunidades autónomas deberán rebajar antes de 2013 para reducir nuestro déficit público al 3 por ciento del PIB, frente al actual del 11,4 por ciento. Sin embargo, únicamente se ha propuesto una reducción de 5.000 millones de euros para este año.
Pues bien, modestamente me permito dar algunos consejos desde un punto de vista puramente técnico, para conseguir dicho objetivo. El primero de ellos sería efectuar una auditoria externa en las 20.630 entidades que conforman el sector público español. Según un estudio reciente llevado a cabo por el Registro de Economistas Auditores (REA) conjuntamente con la Fundación Fiasep (Auditoria para la Transparencia en el Sector Público), únicamente se auditan el 8 por ciento, lo que supone la ridícula cifra de 1.719 entidades. Consecuentemente, hasta que las cuentas públicas no sean rigurosas, transparentes y fiables, existirá el temor a una posible contabilidad creativa como la descubierta en Grecia.
La segunda recomendación sería la aplicación de Indicadores de Gestión para las Entidades Públicas, como, por ejemplo, los contenidos en los Documentos de la colección de Principios de Contabilidad de Gestión emitidos por la prestigiosa Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Ésta señala que el aspecto concreto de la actuación que trata de medir se ha de considerar en los siguientes indicadores, clasificados según su naturaleza: economía, eficacia, eficiencia, efectividad, equidad, excelencia, entorno y evolución sostenible. Con especial incidencia en lo que se ha venido llamando las tres e (economía, eficiencia y eficacia), como elementos clave del control de actuación. El más importante, desde mi punto de vista, es el grado de eficiencia de una actuación, que viene dado por los servicios prestados en relación con los recursos empleados. A tal efecto, es ineficiente cuando el resultado de un trabajo no tiene ninguna finalidad.
Es decir, la clave de la eficiencia es el servicio prestado, o bien adquirido o vendido, en relación a su coste. Y si comparamos el citado rendimiento con un referente o un estándar, obtendremos las recomendaciones para mejorar los rendimientos estudiados, y si procede, la crítica de los resultados obtenidos. Es aquí donde se puede aplicar un importante recorte en el gasto público si aplicamos el índice adecuado.
En cuanto a partidas concretas de gasto, empecemos por racionalizar, con criterios de eficiencia, los altos cargos del Estado, que han crecido en un 60 por ciento; evitemos la duplicidad de funciones entre las diferentes Administraciones públicas, controlemos el gasto de las autonomías, que desde hace más de veinte años tienen una tendencia inflacionista en el gasto, con la profusión de nuevas empresas públicas regionales, y a esto hay que añadir los correspondientes organismos autónomos, sociedades municipales, con- sorcios, fundaciones públicas, mancomunidades de municipios, etc.
De no recortar de forma rigurosa el gasto público, el saldo vivo de la deuda pública española se disparará por encima de los 530.000 millones de euros en 2010, cifra equivalente al 55 por ciento del PIB, aunque se espera que la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas alcance el 66 por ciento.
De la aplicación de reformas estructurales y la disminución del gasto público depende el futuro de la economía española.
Emilio Álvarez, experto en Administraciones Públicas del Consejo General de Colegios de Economistas y presidente de Euroaudit.
