El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, el popular José Manuel García-Margallo, acusa al Gobierno Zapatero de adoptar posiciones de propias de los neocon, contrarios a la reglamentación financiera.
Lo cierto es que desde las filas progresistas se acusó de la crisis bancaria a la desreglamentación favorecida por los neocons de Washington.
Y ahora el Ejecutivo español, como actual presidencia semestral de intenta sacar adelante el acuerdo de mínimos alcanzado en diciembre por los Gobiernos de los Veintisiete -tras ser notablemente descafeinado por Reino Unido- para reformar la supervisión del sector y prevenir nuevas crisis como la actual.
Distancia entre Gobierno y socialdemócratas
Y el año pasado, Madrid apoyó para la presidencia de la Comisión Europea al conservador portugués José Manuel Durao Barroso, lo que abortó una candidatura alternativa socialdemócrata. Media docena de eurodiputados, entre los que se incluye el propio García-Margallo, el también popular Íñigo Méndez de Vigo y el eurodiputado liberal de CiU Ramón Tremosa, han planteado este mes de febrero un paquete de propuestas mucho más ambiciosas: crear en Europa de un supervisor bancario único para controlar las entidades de importancia sistémica,y un fondo europeo de garantía alimentado por estas entidades paneuropeas.
El acuerdo entre los Gobiernos nacionales y la Eurocámara se aleja y complica la vida a la presidencia española de la UE lo que hace pensar que si bien por razones de política de Estado el PP está moderando sus críticas al Gobierno por su discreto desempeño de la presidencia comunitaria, en realidad le está torpedeando.
Lo que es menos explicable -salvo que se recurra a la teoría de las crecientes divisiones en el seno del PSOE- es que en el grupo de eurodiputados que lidera la rebelión a favor de una reforma profunda de la supervisión y reglamentación financiera en Europa también esté un socialista español: el gallego Antolín Sánchez Presedo.
Antonio León, corresponsal en Bruselas de elEconomista
