Casi la totalidad de las pequeñas y medianas empresas ignora que está fuera de la ley y que puede recibir una multa millonaria de Hacienda, ya que no ha declarado las operaciones vinculadas -entre la sociedad y los socios, o entre empresas de un mismo grupo- y, lo que es más grave, que no ha reunido la documentación exigible por la normativa fiscal. Mientras el Gobierno y la cúpula de la Agencia Tributaria alardean de simplificar las obligaciones formales con el Fisco, la realidad se muestra tozuda y cada vez son mayores y más costosas para las empresas, algo que resta competitividad para enfrentar la crisis. Alemania y Reino Unido han eximido de sanciones a las pymes, y Francia ha incluido un catálogo de valoraciones. En España, las especificaciones de la OCDE ni siquiera se han traducido del inglés.
