Al Estado le apremia la reducción del gasto de personal. Para lograrla, el Gobierno quiere que sean las autonomías las que coticen por los funcionarios que contraten, pasando éstos a formar parte del Régimen General de la Seguridad Social y no del de clases pasivas como hasta hoy. Una vía, sin efectos retroactivos, para ahorrarse unos 3.500 millones en personal. Al margen de los pasos adelante y atrás del Ejecutivo sobre estos empleados públicos -Ocaña quiso revisar el acuerdo de subida salarial ya cerrado-, lo cierto es que la medida podría servir a las comunidades autónomas como elemento disciplinante y racionalizador de las plantillas que, en muchas ocasiones, están sobredimensionadas y presentan duplicidades. Las CCAA han de apretarse el cinturón.
