A estas alturas del año, habiendo finalizado un 2009 claramente desastroso para el mercado laboral, no existen prácticamente voces discrepantes sobre la necesidad de realizar una reforma de nuestro mercado de trabajo.
Las diferencias surgen en lo cualitativo; a saber, si dicha modificación de nuestras normas laborales debe ser profunda o simplemente de retoque fino de algunos aspectos referidos a determinadas instituciones jurídico-laborales.
Mi posición es clara en la defensa de una necesaria y profunda reforma de la legislación laboral española que, si bien ha ido variando a lo largo de los últimos veinte años, sigue fundamentada en unos pilares propios de una economía de mercado y de unas empresas rígidas en su actuación y evolución.
Baste recordar que el Estatuto de los Trabajadores fue promulgado en 1980. La norma laboral que rige las relaciones laborales en el ámbito empresarial, objeto propio de la misma debe, naturalmente, adaptarse a un entorno dinámico, global, ágil y donde las prioridades y necesidades de los trabajadores han cambiado abruptamente.
Descendiendo a propuestas concretas, algunas de las cuales han sido ya anunciadas por otras voces expertas, entiendo que se debería avanzar en articular nuevas medidas sobre los siguientes puntos:
1. Reevaluar los principios inspiradores de la legislación laboral
Frente a la tradicional posición de protección del trabajador que originó y sigue impregnando la legislación laboral española, con principios conocidos, como el de aplicación de la norma más favorable para el trabajador en caso de conflicto, el principio de condición más beneficiosa o el de tutela extensiva del empleado, debería restablecerse el equilibrio a favor de la empresa y volver a repensar si estos principios siguen siendo necesarios ante la actual situación de crisis.
2. Adecuar las modalidades de contratación laboral a las nuevas realidades empresariales
Sobran muchos contratos de naturaleza temporal que han sido utilizados por las empresas como simples mecanismos de flexibilidad dado su menor coste. Deberían agruparse dichos contratos (incluido alguna modalidad de indefinido) bajo un único contrato de trabajo más flexible y con menor coste social, a cambio de una mayor formación de los trabajadores por parte de las empresas. Igualmente se hace preciso un nuevo contrato mucho más flexible a tiempo parcial para absorber la demanda de trabajadores que prefieren una jornada reducida o que quieren compatibilizar trabajo con prestaciones sociales.
3. Establecer un nuevo modelo de negociación colectiva
Frente al actual sistema de convenios colectivos, desestructurado y petrificado, se hace necesario articular la negociación colectiva bajo un paraguas más reducido con dos tipos de convenios sectoriales y de empresas, el primero para uniformar y evitar dumping social, y el segundo, para introducir elementos de flexibilidad propios en cada empresa. Deberían permitirse medidas flexibles de prevención alternativas a las reestructuraciones empresariales en las situaciones de crisis con sistemas ágiles de reducción de jornada y de salarios, evidentemente con la adecuada tutela de los tribunales y de los agentes sociales.
4. Arbitrar mecanismos de mayor flexibilidad interna en las empresas
Ante los rigores legislativos en las modificaciones de las condiciones de trabajo, se hace preciso buscar soluciones más rápidas y de mayor automatismo en los posibles deseos empresariales de adecuar la evolución de la empresa a las demandas del mercado e incluso a las necesidades de los trabajadores afectados.
Como se ve, existen muchas posibilidades a explorar y que merecerán la pena, sin lugar a dudas, si con ello se contribuye a mejorar nuestra actual situación laboral y podamos acabar 2010 con mejores perspectivas y, sobre todo, con mayor confianza e ilusión para años venideros.
