Iberdrola sigue actuando para evitar que ACS entre en el consejo de la eléctrica. Nombrará a dos nuevos consejeros para que no haya un solo asiento que pueda reclamar el grupo constructor que preside Florentino Pérez. Esta situación no es de recibo. ACS es el máximo accionista de la eléctrica, con una participación del 12,5 por ciento y, por tanto, tiene todo el derecho a contar con representación en el órgano ejecutivo. Otra cosa distinta es un cambio legislativo como el que ahora pretende el Gobierno: si se suprime el límite al derecho de voto para permitir a un grupo dominar una compañía sin haber abonado la prima por el control, entonces habría que reforzar a la policía del mercado para que proteja al minoritario y se obligue al que quiera mandar a pagarlo con una opa.
