Reformar el sistema de pensiones español para retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años es una medida inaceptable para las organizaciones sindicales UGT y CCOO, y supone un error de enfoque del Gobierno a la hora de plantear los cambios que necesita nuestro sistema público de pensiones.
El enfoque del Gobierno es desacertado por el momento, por la forma, y por el contenido de sus propuestas. Para empezar, ha alterado la metodología de consenso que venía funcionando, al adelantarse a las conclusiones parlamentarias de la Comisión del Pacto de Toledo y presentar sus propias reflexiones y propuestas. Sólo se plantea el recorte y no cómo lograr otros ingresos para el sistema.
Si las razones que le han movido a ese cambio se encuentran en las difíciles circunstancias económicas en las que nos encontramos, o en la necesidad de mandar mensajes a eso que ha dado en llamarse "los mercados", la campaña de movilizaciones que UGT y CCOO vamos a desarrollar desde hoy mismo y durante las próximas dos semanas, tiene entre sus objetivos dejar claro al Gobierno y a "los mercados" que la crisis económica no puede determinar la orientación de las reformas de uno de los pilares básicos de nuestro sistema de protección social. El sistema de Seguridad Social debe ser contemplado con una perspectiva de medio y largo plazo, no como un instrumento de ajuste orientado a la reducción del déficit público.
Retrasar la edad de jubilación dos años tendría poca utilidad, por no decir ninguna, en esa estrategia, ya que sus efectos de ahorro sólo serían significativos a medio y largo plazo. Pero además, y sobre todo, ésta y las otras medidas planteadas componen una propuesta regresiva, insolidaria, y equivocada.
Son pocos los países europeos que han elevado la edad legal de jubilación hasta los 67 años (Noruega, Alemania, e Islandia). La mayoría sigue manteniendo los 65 años, y no son pocos en los que es incluso inferior. Además, en aquellos en los que se ha retrasado la edad de jubilación son países que cuentan con una red asistencial con alto contenido protector, que permite dar soluciones de cobertura a las personas que son expulsadas del mercado de trabajo antes de alcanzar la edad de jubilación.
Un retraso de dos años en la edad de jubilación supone, en definitiva, trabajar más para recibir la misma pensión, o incluso menor si se ampliara el número de años requeridos para el cálculo de la misma. Aumentaría el tiempo en que se cotiza, y disminuiría el periodo en que se recibe la pensión. Para aquellos trabajadores que no puedan seguir trabajando a partir de cierta edad, y que generalmente son los peor situados en el mercado de trabajo, tendría como consecuencia una reducción adicional de su pensión.
Por tanto, un sistema de pensiones que sirva a los ciudadanos, debe introducir reformas en otra dirección. Fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral, cumplir los compromisos pendientes (separación de las fuentes de financiación, integración de los trabajadores agrarios por cuenta ajena en el Régimen General, reforma del Régimen de Empleados de Hogar, y rebaja de la edad de jubilación para los trabajadores con condiciones especialmente penosas, peligrosas o insalubres), y abordar el reto que nos plantean los cambios demográficos con políticas de apoyo a las familias, dado que el envejecimiento de la población se produce esencialmente porque la disminución de la natalidad no garantiza el reemplazo generacional.
