Todavía inmersos en medio de la peor crisis de las últimas décadas, sigue discutiéndose acerca del modelo de economía o de estructura productiva hacia el que debe orientarse nuestro país. Ese debate se ha visto avivado, además, por la famosa Ley de Economía Sostenible. Estoy convencida de que se trata de un debate muy sano, en el que todos deberían participar con sus propuestas y objetivos. A fin de cuentas, el cambio de nuestra economía es una labor que únicamente podrá llevarse a cabo con la participación de los más variados agentes, desde los trabajadores y consumidores, hasta los empresarios, pasando, por supuesto, por las administraciones públicas.
Pero, para que dicho debate resulte fructífero, antes es necesario aclarar algunas ideas que, de otro modo, generan confusión y desvían la atención de la esencia del problema. Me parece, en concreto, que debe desterrarse del imaginario público la idea de que el cambio de patrón económico va a suponer la radical desaparición de sectores "obsoletos" y su sustitución por otras industrias modernas. España seguirá necesitando los sectores intensivos en mano de obra que han permitido crecer a nuestra economía tanto en PIB como en empleo. Es, por ejemplo, el caso de la construcción o de los servicios, muchos de ellos relacionados con el turismo. Ahora bien, esos sectores deberán redimensionarse y, sobre todo, modernizarse en aras de una mayor competitividad.
¿Qué hacer para lograrlo? No bastará con medidas aisladas, sino que será necesario todo un programa de reformas como las que el Círculo de Empresarios viene proponiendo desde hace años. Algunas de ellas parecen ir cobrando cuerpo en las agendas políticas, como la de la educación. Otras parecen lejanas, como una auténtica reforma laboral, generadora de empleo. Incluso existe una que, en cierto sentido, ya se ha puesto en marcha. Se trata de la mejora de la regulación económica, y la ocasión para su puesta en funcionamiento ha venido de la Directiva europea de servicios.
Los especialistas en la materia coinciden en señalar que la regulación en España es excesiva, ineficiente e inadecuada. Los estudios empíricos concluyen que la proliferación de normas supone un importante lastre para la innovación y la actividad empresarial. Y se antoja muy complicado, si no imposible, la modernización de la economía española en un marco tan poco propicio para los innovadores y emprendedores. A fin de cuentas, son los empresarios quienes, junto con sus trabajadores, pueden descubrir nuevas actividades y mercados generadores de bienestar para nuestro país, una labor con mayor probabilidad de éxito si las normas que regulan la actividad económica alientan esa búsqueda de nuevas oportunidades.
En este sentido, el sector servicios -el más importante, con diferencia, en nuestra economía- se ha caracterizado por una enorme exhuberancia reguladora que ha reducido la competencia y, por ende, las ganancias de productividad. Asimismo, ha sido un sector de marcado carácter inflacionista en razón precisamente de la escasa competencia. Pero, desafortunadamente, modificar el marco regulador bajo la aplicación de los criterios internacionales de calidad no es sencillo. Al contrario, requiere de un tremendo esfuerzo no sólo económico, sino sobre todo político, dado el nivel de descentralización de nuestra administración pública.
La Directiva europea de servicios se presentaba como una estupenda oportunidad para que, aprovechando nuestros compromisos frente a los socios europeos, su transposición permitiera iniciar una reforma profunda de la regulación de los servicios. Así lo entendían los autores del último Libro Marrón del Círculo de Empresarios. Desde luego, dicha transposición no erradicará todos los obstáculos que ahogan la competencia en el sector; entre otras razones, porque la directiva cubre una parte de los servicios. Pero esto debería constituir un incentivo para lanzarse a una reforma más amplia de la regulación, aplicando el espíritu de la Directiva que no es otro que el beneficio de todos los consumidores y del conjunto de la economía derivado de un entorno más favorable a la competencia.
Por desgracia, la transposición de la Directiva ha sido un puedo y no quiero. Ha pecado de timidez y cierto deseo de agradar a todos, haciendo que la reforma se quede corta y lejos de sus verdaderos objetivos. El ejemplo palmario es el del régimen de concesión de licencias para la apertura de grandes superficies, sometido una vez más a las veleidades regulatorias de las CCAA. Si no se produce un cambio de planteamiento para abordar con mayor valentía la necesaria reforma de la regulación económica, mucho me temo que lamentaremos la oportunidad perdida.
María Jesús Valdemoros Erro, directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios.
