La apertura del proceso de revisión del Pacto de Toledo ha empezado de manera atropellada y torpe. Se ha generado alarma social y se ha obligado a los agentes sociales a situarse en una posición defensiva, que va a dificultar los acuerdos necesarios para acometer reformas de calado. Sabíamos que en esta legislatura la reforma del sistema de pensiones iba a topar con especiales dificultades. La crisis económica y sus dramáticas consecuencias en el mercado de trabajo, con una tasa de desempleo de cerca del 20 por ciento y un desempleo juvenil de más del 40 por ciento, iba a hacer las cosas más difíciles. Medidas que son imprescindibles en el medio y el largo plazo chocarían con aquellas otras que quizás deben de impulsarse para superar la actual situación económica y volver a la senda de crecimiento y recuperación del empleo.
Añadamos a esa realidad el hecho de que el margen temporal para promover cambios de manera gradual y paulatina es cada vez menor. Los tiempos de la jubilación de los baby boomers se acercan y posponer algunos cambios simplemente traslada la responsabilidad política de asumir las consecuencias del envejecimiento de la sociedad a próximos gobiernos y en condiciones sociales más complejas. La garantía del sistema de pensiones y su sostenibilidad no puede depender en exclusiva de un alto índice de inmigración como el que hemos vivido durante estos 10 años.
Nos equivocaríamos si no abordásemos claramente algunas reformas imprescindibles. Entre ellas está, de entrada, todo aquello relacionado con la edad de jubilación; un sistema de reparto como el español es absolutamente dependiente de la demografía; y cualquier sistema de pensiones, incluidos aquellos que son de capitalización, se ve afectado por el aumento de la esperanza de vida de las personas. Hoy por hoy, las iniciativas que se deben tomar no dependen tanto de plantear una nueva edad de jubilación como de hacer posible que un mayor número de trabajadores tenga razones y estímulos para continuar activo más allá de los 65 años. Eso obliga a revisar la actual normativa que hace posible las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas y mejorar los incentivos de todo tipo que tienen los seniors para continuar trabajando. Compatibilizar pensión y empleo parece necesario. Se trata de reformas que afecten al sistema de pensiones de manera evidente, pero que deben afectar a la lógica de funcionamiento del mercado de trabajo y al sistema de relaciones laborales. Si la prejubilación o la jubilación anticipada, parcial o flexible, son vías de ajuste de empleo para las empresas en tiempos de crisis va a ser difícil avanzar en una concepción más flexible de la edad de jubilación. Construir carreras profesionales para los trabajadores más maduros, identificar nuevos empleos para los seniors, económicamente rentables y socialmente útiles, se convierte en un reto económico, pero también cultural y social que el conjunto de la sociedad debe abordar. Quizá ello suene extraño en una economía que lidera la OCDE en desempleo juvenil, abandono prematuro del sistema educativo y emancipación tardía de los jóvenes, pero la realidad demográfica y social nos debe obligar a replantear nuestra relación entre el empleo y la edad.
La reforma de pensiones no puede centrarse exclusivamente en las cuestiones vinculadas a la edad de jubilación, sino que esta cuestión debe abordarse en relación a un conjunto de reformas que afectan a otras variables. Me permito apuntar algunos temas.
Abordar el actual periodo de cálculo de la pensión, que esta siendo tremendamente injusto con aquellos trabajadores del sector industrial que en sus últimos años de vida activa acumulan niveles de cotización bajos, va a ser imprescindible. Nuestro sistema de pensiones responde en algunos de sus parámetros a otra época, con una realidad laboral distinta. Hacer frente a la indignidad de la actual pensión de viudedad, para las madres y abuelas de los babby boomer, se convierte en obligación ética para con nuestros mayores. Una reforma que si debe pretender garantizar que cuando dejamos de trabajar nuestro nivel de ingresos se mantenga constante, necesita promover el ahorro de los trabajadores, tanto en sus vertientes individuales y colectivas. Seguramente la asignatura del Pacto de Toledo que ha tenido menos éxito en su desarrollo.
Todo ello, exige diálogo social y político y un liderazgo capaz de pensar en las siguientes generaciones y no tanto en las siguientes elecciones. Algo que de momento no vemos.
Carles Campuzano, diputado y portavoz de CiU en el Pacto de Toledo.
