El alto el fuego anunciado por la banda criminal ETA sólo puede ser recibido con alivio desde el punto de vista económico. En especial, por los empresarios vascos, que son quienes más han sufrido la presión terrorista.
La actividad de ETA ha tenido un impacto evidente en el País Vasco desde sus inicios hace ya más de 45 años. Tanto en la economía real y en las expectativas de crecimiento, como en el tejido industrial. Informes recientes han concluido que la economía vasca ha estado perdiendo alrededor del 21 por ciento anual de su riqueza potencial -es decir, de su PIB- ejercicio tras ejercicio en el período comprendido entre 1993 y 2002. El terrorismo ha privado de 88.142 millones de euros de riqueza a la economía vasca y a sus ciudadanos en sólo 10 años. Es el resultado de que haya funcionado sólo al 80 por ciento de su capacidad real de crecimiento. Algo parecido ha ocurrido con la inversión extranjera, que aborrece por definición las regiones inestables e inseguras cuando se trata de tomar sus decisiones y colocar su dinero. En este apartado, se calcula que la economía vasca ha recibido entre 1975 y 1991 el 13,5 por ciento anual menos de dinero extranjero que hubiera disfrutado en condiciones normales si el clima de violencia no hubiera existido.
En cuanto a los empresarios, el daño ha sido fortísimo: la banda terrorista ha asesinado a 817 personas y ha secuestrado a otras 77 a lo largo de toda su historia. Calcular el número de empresarios que han sido extorsionados o han tenido que abandonar el territorio vasco nos llevaría a cifras de miles de personas y a centenares de compañías que se han visto obligadas a cambiar sus sedes de sitio y a sacarlas del País Vasco.
Si hubiera que analizar la decisión de ETA a la luz de sus actuaciones de los últimos meses, no habría motivo alguno para que los empresarios fueran optimistas. Desde octubre de 2005, ETA ha ampliado su presión sobre las empresas. Ha atentado contra una decena, ha sumado a las pymes a su campaña de extorsión permanente y, en una especie de nuevo boicot social, ha sembrado de pasquines las calles vascas apuntando con el dedo a las compañías que no han querido ceder al chantaje económico. Lo más grave de todo es que, bajo las amenazas directas a sus familias y sus bienes, muchos empresarios no han podido sustraerse al chantaje y se han visto forzados a financiar las estructuras de ETA.
Por todo ello, no cabe albergar una esperanza desmedida en que el cese de la violencia sea definitivo. Pensar que el acoso, el chantaje y la extorsión van a acabar de la noche a la mañana es poco realista. Por lo demás, este "alto el fuego permanente" -que no definitivo- anunciado por ETA supone la tregua número nueve -si se suman las totales y las parciales- de la banda desde su constitución en 1959. ¿Por qué creer que ésta es la definitiva cuando las demás fracasaron por unos motivos o por otros?
En el terreno económico, el alto el fuego sólo será creíble si se dan una serie de condiciones que expresó ayer con acierto el Círculo de Empresarios Vascos y que suscribimos en su totalidad. Reclamamos el abandono definitivo de cualquier signo de violencia por parte de la organización terrorista y exigimos el cese de las amenazas y de los intentos de extorsión y chantaje contra los empresarios, ya que ello sería incompatible con cualquier nuevo escenario de paz y progreso.
En todo caso, la nueva oportunidad para la paz debe ser aprovechada y apoyada por todos los protagonistas de la economía. Patronales, empresas y sindicatos deben trabajar en un clima de máximo consenso y discreción. Si el alto el fuego es de verdad definitivo y viene acompañado del abandono de las armas, la economía vasca podrá aspirar a recuperar todo su esplendor.
