Todo indica que la resistencia de la CEOE a la firma de un pacto social de mínimos se ha debido a dos razones principales: de un lado, los empresarios, muy preocupados por la crisis, quieren forzar un conjunto de reformas estructurales que consideran necesarias e inaplazables, y se niegan a participar en un paripé que obvie provisionalmente la magnitud del problema.
De otro lado, desconfían de la actitud del Gobierno en los próximos presupuestos generales: la patronal teme que la conquista de algunas concesiones en el impuesto de sociedades y en los costes sociales sean la coartada de una subida generalizada de impuestos en las cuentas del próximo año.
Sea como sea, el Gobierno espera rentabilizar políticamente esta ruptura, que atribuye a una non santa alianza CEOE-PP, para culpar a la patronal y a la oposición de los previsibles malos datos económicos de finales de año.
Supuestas alianzas
En efecto, el Gobierno ha insinuado que la postura de la CEOE es política, es decir, que existe un pacto entre los empresarios y el principal partido de la oposición. Semejante tesis, claramente interesada porque permite al Ejecutivo señalar a un chivo expiatorio, no se sostiene.
Con independencia de la filiación ideológica de las personas, quien conozca mínimamente el desarrollo de la negociación social que ha tenido lugar sabrá que Díaz Ferrán ha sido apenas el portavoz de la opinión real del empresariado; en esta ocasión, las grandes empresas del país han secundado a la patronal, toda vez que participan de sus preocupaciones. En una cuestión tan grave y en momentos de seria preocupación, es ilusorio imaginar que la cúpula de la CEOE ha actuado sin el suficiente respaldo.
Al margen de esta cuestión de fondo, conviene dejar sentado que el Gobierno no ha cumplido cabalmente con su papel en esta negociación. Al Ejecutivo le corresponde una tarea de impulso y arbitraje del diálogo social, y es patente que ha sido abiertamente parcial a favor de los sindicatos (Felipe González, en recientes y polémicas declaraciones, recordó a Zapatero su obligación de ser neutral en tales negociaciones).
Medidas anticrisis
En todo caso, el pacto fracasado, que hubiera tenido un discreto efecto psicológico positivo sobre la economía, no era ni de lejos el que se requiere para salir de la crisis. En efecto, existe conciencia -también en el Gobierno- de que es preciso cambiar el modelo de desarrollo español, sustituyendo el ladrillo por actividades de alto valor añadido y dando la batalla por la conquista de la productividad.
Ello requiere, además de una política institucional de incentivos orientada a tales objetivos, grandes inversiones en formación y en I+D+i y una serie de reformas estructurales de gran calado, entre ellas una reforma laboral tendente a flexibilizar el empleo, reducir la temporalidad, introducir la formación continua, impulsar la movilidad, etc.
Éste habrá de ser, en fin, el pacto social decisivo del que dependerá la velocidad con que este país salga de la crisis. Porque con toda evidencia, si no se actúa en esta dirección, cuando el contexto internacional comience a reponerse, nuestro país seguirá generando paro si no ha puesto en marcha las mencionadas iniciativas.
Los agentes sociales y el Gobierno (y el principal partido de oposición) tienen a mano un modelo de pacto social occidental muy fecundo: la Agenda 2010, impulsada por Schröder, y que incluyó la mayoría de los aspectos de la normativa laboral y de la legislación social. Gracias a este logro, Alemania, en una recesión más aparatosa que la española, apenas ha engendrado desempleo. Éste es el modelo de negociación que hay que recuperar.
Los sindicatos se alejan
