Mapfre afronta hoy una cita crucial. La filial del grupo que cotiza en bolsa acogerá en su seno, tras el permiso de sus accionistas, todo el negocio del conglomerado.
Quiere ampliar el capital en 3.449 millones de euros y utilizar las nuevas acciones para dos fines:el grueso será entregado a Cartera Mapfre (MAP.MC), otra subsidiaria de nueva creación, a cambio de los negocios que heredará la nueva Mapfre. El resto son para retribuir a más de 5,23 millones de mutualistas de la compañía, es decir, esos clientes actuales o que lo fueron en los últimos años simplemente por contratar una póliza de automóviles con la empresa.
Distorsión de las reglas del juego
Desde un punto de vista empresarial, la operación les sale redonda. El crecimiento de la mutua está limitado por su capacidad de obtener fondos -sólo puede pedirlos al mutualista o vender activos-. Por eso, el traspaso de negocio a la cotizada le deja margen para obtener dinero colocando acciones en bolsa sin perder el control del nuevo grupo. Ahora bien, la operación es inaceptable, porque distorsiona las reglas del juego:
1. Los mutualistas no han sido todavía debidamente informados;
2. El cambio de negocios sigue una doble regla de valoración (se saca de la muta a precio contable, pero llega a la cotizada a valor de mercado, sustrayendo fondos al mutualista);
3. Entre otros aspectos más, el grupo se blinda a sí mismo y a su Consejo de Administración, a través de una Fundación que controlará el 71 por ciento de la nueva Mapfre.
Y, pese a todo, hoy se presenta a sus accionistas con el visado para la transformación. Seguros, Economía y CNMV le concedieron, casualidades de la vida, justo ayer las autorizaciones necesarias. Una operación perfecta que siembra mucha desconfianza.
