La financiación autonómica, ese tema que ha ocupado la centralidad de la vida política catalana durante los últimos tres años, amenaza con convertirse en un agujero negro para los partidos que gobiernan en Cataluña. Aunque oficialmente en el Tripartito nadie ha dado nunca una cifra oficial sobre cuánto más debe recibir Cataluña del Estado, lo cierto es que a los catalanes se nos ha insinuado que el importe estaría situado entre los 2.500 millones y los 3.800 millones de euros anuales que ha pedido insistentemente la Cámara de Comercio de Barcelona. Su presidente, Miquel Valls, se ha convertido en un auténtico ariete del Tripartito en este asunto.
Cualquier cifra por debajo de los 2.500 millones será considerada un fracaso en la negociación. Por eso, cuando la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, filtró la cifra de 1.400 millones para la financiación catalana en la Generalitat saltaron todas las alarmas. De repente, el consejero de Economía catalán, Antoni Castells, que hasta entonces parecía el cenizo de la negociación, recuperó mucha de la credibilidad que el cruce de declaraciones con la vice le había restado.
Las cosas han empeorado esta semana cuando Zapatero ha saldado la deuda histórica con Andalucía. "El Gobierno nos abona 2,05 millones diarios", se jacta el presidente de la Junta, Manuel Chaves. En total, 1.200 millones.
Ante esta situación, el presidente catalán, José Montilla, ha ejercido toda su autoridad para que ni los ecosocialistas de ICV, ni los republicanos de ERC alcen la voz. Por mucho menos, a Pasqual Maragall sus socios le montaban día sí y día también una crisis de gobierno. ¿Qué les retrae ahora? Sin duda el miedo a unas elecciones anticipadas en las que se podría repetir lo que ha ocurrido en Galicia y verse de la noche a la mañana en la oposición.
Mientras tanto, a los catalanes de a pie nos toca seguir esperando y la mayoría ya están cansados de tanta parálisis.
