En la situación actual del mundo agropecuario el punto crítico es el de las relaciones entre los distintos operadores de la cadena de valor y la búsqueda de su equilibrio. Dicho de otro modo, cómo se puede mejorar la situación de los primeros eslabones de la cadena en su relación con los procesadores y la distribución.
Una línea de actuación se prevé a través de la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria (Ley 12/2013), cuyo anteproyecto será objeto de consulta pública en las próximas semanas. Con independencia del contenido de la propuesta que se está trabajando, la clave pasa por lograr un cumplimiento real de los fines que establece la legislación vigente en la materia. En esta línea consideramos puntos críticos conectar el beneficio de la sociedad con la competitividad del sector alimentario para lograr una mejora del empleo en el medio rural; establecer herramientas y mecanismos para garantizar una distribución sostenible del valor añadido entre los distintos agentes de la cadena; un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales; mejorar la competitividad, eficiencia y capacidad de innovación de la producción agraria e impulsar una cultura de la sostenibilidad en la cadena alimentaria.
Estos elementos han de contemplarse en la futura revisión de tal forma que permita que las relaciones comerciales entre todos los agentes de la cadena se puedan desarrollar sobre la base de los principios de equilibrio y justa reciprocidad entre las partes, libertad de pactos, buena fe, interés mutuo, equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, cooperación, transparencia y respeto a la libre competencia en el mercado.
Además de los aspectos indicados en los que debe mejorarse la regulación sobre la cadena alimentaria, existen otros que han de desarrollarse, ya sea a través de medidas legislativas o políticas públicas, de tal forma que puedan contribuir al refuerzo del sector agropecuario. Las áreas en las que es necesario trabajar tanto desde el propio sector, como por parte de la Administración son: Sostenibilidad, Calidad diferenciada e Información y Comunicación.
Sacamos a colación la sostenibilidad como un concepto fundamental para la agricultura y ganadería del futuro en España y la UE, tal y como se plantea en el denominado Pacto Verde Europeo que ha incorporado La estrategia de la granja a la mesa, prevista para la primavera de 2020. La sostenibilidad a través de este tipo de acciones contribuirá a garantizar que los consumidores de la Unión Europea puedan acceder a alimentos asequibles y sostenibles; luchar contra el cambio climático; proteger el medio ambiente para preservar la biodiversidad, y potenciar la agricultura ecológica.
Un sector agropecuario más sostenible tiene efectos tan positivos como la reducción del uso de productos químicos -plaguicidas, fertilizantes y antibióticos para el ganado-, el fomento de técnicas agrícolas innovadoras en materia de sanidad vegetal y también otra consecuencia muy importante, como es detectar, evitar y luchar contra el fraude alimentario.
Si la apuesta por la sostenibilidad tiene como consecuencia el fomento de la agricultura ecológica, esto no es sino un modo de obtener productos de Calidad Diferenciada. No descubrimos nada al referirnos al gran potencial de los productos agroalimentarios españoles, por tanto, partiendo de esa premisa es necesario trabajar en esta línea de actuación.
Los principales exponentes de la Calidad Diferenciada son las Denominación de Origen Protegidas (DOP), las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y las Elaboraciones Tradicionales Garantizadas (ETG), desempeñando un papel fundamental, alcanzando durante el ejercicio 2017 un valor económico superior a los 7.000 millones de euros en España.
Más allá del aspecto económico, otras aportaciones son una mayor calidad organoléptica por el origen de las materias primas y sus procesos de elaboración; fijación de población y desarrollo socioeconómico en la denominada España vaciada, y bajo impacto ambiental, contribuyendo a la mayor sostenibilidad de la actividad agropecuaria.
Todo el potencial y las distintas acciones que se desarrollen quedaran en nada si el consumidor no tiene una adecuada información sobre las características de los productos agroalimentarios y como contribuye a ello el sector agropecuario. En este punto es necesario desarrollar más la regulación sobre información al consumidor (Reglamento 1169/2011) para que se le haga llegar una información veraz y que le permita poner en valor los productos agroalimentarios españoles.
Un buen ejemplo de estas medidas lo tenemos en todas las acciones que se plantean y que han de tomarse para informar adecuadamente sobre el origen de las materias primas y de los productos elaborados en España. El ejemplo más reciente se presenta en el sector apícola, es imprescindible que la Norma de Calidad de la Miel se pueda desarrollar convenientemente para que los consumidores puedan discernir perfectamente el origen concreto de la miel que adquieren. Este es un ejemplo de las posibilidades de la regulación en materia de información y comunicación. A partir del mismo se trata de trabajar las políticas de comunicación para que el consumidor medio pueda adquirir los alimentos con conocimiento de causa y pueda valorar las consideraciones sanitarias, económicas, medioambientales, sociales y éticas de los alimentos.
Como conclusión vemos que la problemática del sector agropecuario no se resolverá actuando en una única línea de acción, es necesario una combinación de medidas legales y políticas en diversos vectores para que de esa forma se alcance una situación más equilibrada.
