Si el llamado Gobierno de la Nación estuviera a la altura de las graves y progresivas dificultades en las que ya se encuentran millones de ciudadanos y ciudadanas y si, además, tuviera el valor moral, cívico y político para afrontar el contenido del artículo 128 de la Constitución, estaría ya planificando la nacionalización del sector bancario.
Con esta medida garantizaría que familias, empresas y actividades económicas en general pudieran acceder al crédito con las condiciones y garantías exigibles desde el sentido común, el interés general y el máximo respeto
a los caudales públicos. Pero además se beneficiaría de un respaldo ciudadano muy útil para ulteriores decisiones en pro de la salida de la crisis y del bienestar mayoritario.
Interpretaciones retorcidas
Medidas que no necesitan de interpretaciones retorcidas del
texto constitucional sino simplemente de su puesta en funcionamiento. Los gobiernos se miden en los momentos de dificultad. Cuando los índices de crecimiento económico marchaban hacia arriba se indujo a la población a instalarse en una burbuja de consumismo, inhibición ante la cosa pública y laissez faire desbocado.
Los tiempos de un Solchaga incitando a enriquecerse sin freno y sin medida han tenido este fin de fiesta. La frivolidad deministros afirmando que la mejor política industrial era la que no existía, han coadyuvado a aumentar el déficit por cuenta corriente. La orgía desenfrenada de privatizaciones de Felipe Gónzalez, primero, y José María Aznar después, entregaron al sector privado los bienes nacionales productivos para las arcas públicas a la vez que dejaron en la calle a miles de trabajadores recompensados, también, con dinero público.
Observe el Gobierno lo que está ocurriendo en otros países y deje de suplicar y gimotear a una Banca que, por naturaleza, ni puede ni quiere ser solidaria y corresponsable. Estamos ante una emergencia.
¿Para qué se quiere la Constitución?
"Los poderes públicos inermes ante la crisis"
