Madrid, 27 jul (EFE).- El Pleno del Congreso vota hoy si apoya la nueva senda de consolidación fiscal que flexibiliza en cinco décimas el margen de déficit público para 2019, lo que supone cerca de 6.000 millones de euros más de gasto para las administraciones públicas, y que de momento no cuenta con los apoyos suficientes.
El Ejecutivo se enfrenta a su primer debate y votación del techo de gasto de 2019 y del Acuerdo de Objetivos de Déficit y Deuda Pública para el período 2019-2021, base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.
El PP y Ciudadanos han avanzado su negativa a la propuesta del Ejecutivo, que sólo cuenta con el respaldo del PNV, ya que todo parece indicar que los apoyos que recibió Sánchez en la moción de censura a Mariano Rajoy se decantarán por una abstención, con lo que las nuevas metas de déficit no pasarán el examen en el Congreso.
El Ejecutivo lleva a la Cámara Baja un límite de gasto no financiero de 125.064 millones para 2019, un 4,4 % superior al de 2018 y unas metas de déficit más flexibles negociadas con Bruselas, que dejan los objetivos en el -1,8 % del PIB para el próximo año y en el -1,1 % y el -0,4 % para 2020 y 2021, respectivamente.
Esta relajación representa unos 6.000 millones más, de los que 2.400 millones son para las Comunidades Autónomas, otros 2.400 millones para la Seguridad Social y cerca de 1.200 millones para el Estado.
El Gobierno ha avisado de que si los objetivos son rechazados hoy y no llegan al Senado, los Presupuestos de 2019 siguen adelante con la senda de déficit anteriormente prevista, al tiempo que el techo de gasto se reducirá unos 1.200 millones hasta alrededor de 123.864 millones de euros.
Si el Congreso rechaza la nueva senda, la ley estipula un plazo máximo de un mes para remitir unos nuevos objetivos que deberían volverse a votar en las dos cámaras.
Sin embargo, el Ejecutivo se acoge a un informe de la Abogacía del Estado que indica que se debe adoptar la última senda aprobada, en este caso la del Gobierno del PP y sigue insistiendo en que trabaja en la elaboración de los Presupuestos del año que viene.
Fuentes socialistas parlamentarias han señalado a EFE que "no tiene sentido poner un veto a un presupuesto más restrictivo de lo que nos ha permitido Bruselas" y "castigar" a los españoles.
Unidos Podemos mantiene su inclinación a la abstención, al igual que Compromís y el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que hoy anunciarán su posición definitiva. Así lo harán también ERC y PDeCAT.
En el caso del PDeCAT, su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, ha advertido de que la flexibilización del déficit es insuficiente y pide además cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para relajar la regla de gasto y cambiar el procedimiento para que la última votación corresponda al Congreso.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya ha anunciado que trabajan para que el Senado no pueda vetar la Ley de Estabilidad, una norma que requiere un trámite parlamentario complejo.
Creada por el Gobierno del PP en 2012 y modificada en 2016 para que señalara que si tras una decisión de la UE resultara necesario revisar los objetivos de déficit y deuda pública de las Administraciones, el Gobierno pueda hacerlo aunque estuviera en funciones.
Este trámite de modificación, que fue rápido porque el PP contó con el apoyo del PSOE, de Ciudadanos y del PNV, duró un mes y medio.
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