La familia Marichalar tendrá que ceder 117 hectáreas de suelo rústico por 700.000 euros para un polígono industrial en Soria. Pero la batalla no ha hecho más que comenzar porque han decidido llevar al Ayuntamiento de esta ciudad a los tribunales por, según ha afirmado la familia, "enfrentarse a un caso de corrupción".
Si las legiones romanas de Escipión no pudieron tras 15 meses de asedio con Numancia, mucho menos podrá la Junta de Castilla y León levantar un polígono industrial a tan sólo unos metros de los campamentos que integraban el cerco al pequeño poblado celtíbero. O eso es, al menos, lo que piensan Jaime de Marichalar, el todavía duque de Lugo y marido de la Infanta Elena, y su familia. Los Marichalar son propietarios en la zona de una finca rústica de 700 hectáreas que se enfrenta a una expropiación.
El viernes de la semana pasada el Ayuntamiento de Soria aprobó en Pleno pagarles 0,6 euros por metro cuadrado -recibirán en total 700.000 euros por 117 hectáreas en un área conocida como El Cabezo, un precio ajustado en estos casos- para levantar allí un polígono industrial.
Pero la batalla no ha hecho nada más que empezar. Los Marichalar, han decidido llevar al Ayuntamiento de la capital del Duero ante los tribunales y aseguran que se enfrentan a un caso de corrupción. Según dicen, sus alegaciones ni siquiera fueron estudiadas y "la expropiación se aprobó en cuestión de minutos sin justificación legal".
Pero lejos de amilanarse, el Consistorio soriano está dispuesto también a plantar batalla. "Si quieren ir a los tribunales, que lo hagan, pero no tienen razón. Lo que no vamos a tolerar es que la familia Marichalar siga utilizando su poder mediático para manchar el buen nombre de la ciudad", asegura un portavoz, que insiste, además, en que la expropiación no la ha decidido el pleno del Ayuntamiento, sino los técnicos municipales, "que están fuera de toda duda".
Ubicación
El problema se agrava además porque aunque el socialista Carlos Martínez, alcalde de la ciudad, reconoce que hubiera preferido otra ubicación; la Junta, que será la encargada de desarrollar el proyecto a través de la empresa pública Gesturcal, no está dispuesta a ceder ni un milímetro.
El Gobierno autonómico firmó en junio de 2005 la instalación del polígono con la anterior edil, Encarnación Redondo, del PP, y se comprometió a invertir 35 millones de euros en su desarrollo, pero sólo si se hacía en el sitio elegido.
Los responsables de la Junta eran conscientes de que la finca es propiedad de los seis hermanos Marichalar -Amalio, Ana, Álvaro, Jaime, Luis e Ignacio- y de su madre, Concepción Sáenz de Tejada; pero sabían también que si hubieran elegido cualquier otra zona, el precio, posiblemente, se hubiera disparado, posiblemente hasta 4 euros por metro cuadrado al tener que ubicarse en suelo urbano o industrial.
Amalio Marichalar, portavoz de la familia, asegura que "estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta y no sólo para defender nuestros intereses, sino sobre todo el daño irreparable que se va a hacer a la ciudad sólo por motivos políticos". Y es que, al margen del entorno del yacimiento arqueológico de Numancia, el polígono afectará también a restos románicos, la antigua muralla de la ciudad medieval y todos los paisajes que enamoraron a Antonio Machado y Gustavo Adolfo Bécquer, como el conocido Monte de las Ánimas.
El Ayuntamiento responde que "en 25 años no se ha desarrollado ni un solo metro de suelo industrial y que la ciudad no puede quedar convertida tan sólo en un parque natural, entre otras cosas por el fuerte grado de despoblación que está sufriendo".
Suelo suficiente
La paradoja, según los Marichalar, es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobó ya en 2006 otro polígono industrial de capital privado, en una zona conocida como Valcorba, con más de 277 hectáreas. "Según aquel plan, que nosotros hemos recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León porque también contemplaba la construcción en nuestra finca, Soria dispondrá ya con el primer polígono de suelo industrial para los próximos 30 años", asegura Amalio Marichalar.
La familia, propietaria de la finca desde el siglo XII, insiste así en que el desarrollo urbanístico que se pretende hacer en sus terrenos "no tiene justificación económica, pues no hay demanda de suelo industrial en Soria". Pero lo más grave, según denuncian, es que mientras que a ellos se les exigió en 1995 una declaración de impacto ambiental para una reforestación, "el nuevo polígono carece de ella y afecta directamente a siete bienes de interés cultural". Ante esta situación, la familia Marichalar está preparando ya su defensa, encargando todo tipo de estudios e informes.
