La juez Mercedes Alaya ha ampliado el radio de acción de su instrucción en torno a los ERE fraudulentos a "los centros neurálgicos del poder de la Junta de Andalucía", como ella misma los define en el auto de imputación de 16 nuevas personas, que eleva la nómina de inculpados a 181. Y no sólo a ese ámbito, sino que la instrucción también ha acabado tocando a parte del núcleo del poder económico-financiero de la comunidad en la última década y media.
Y ello porque entre los nuevos imputados está el actual presidente de Unicaja, Braulio Medel; el expresidente de El Monte (luego Cajasol), José María Bueno Lidón; el secretario general técnico de Abengoa y exsecretario de Universidades de la Junta, José Domínguez Abascal; el director de Relaciones Institucionales de Ezentis -cuya sede está en Sevilla- y exviceconsejero de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Serrano; el presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía y exconsejero de Indra, Joaquín Moya-Angeler; el actual presidente del Parque Tecnológico de Andalucía y de la patronal de parques científicos de España, Felipe Romera; o el que fuera jefe del Gabinete Jurídico de la Junta andaluza -dependiente de la consejería de Presidencia- de 2001 a 2008, Francisco del Río.
Todos ellos son imputados no por su relación con el sistema de gestión del dinero para los ERE -que acumuló 650 millones de euros entre 2001 y 2010-, sino con la otra parte del denominado fondo de reptiles: los 74 millones abonados de forma directa a empresas y ayuntamientos en ese periodo. Los 16 nuevos inculpados pertenecieron en distintos momentos, entre 2001 y 2008, al consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía -que desde 2004 pasó a denominarse agencia Idea-.
Actas
Este consejo ratificó, o aprobó la firma, de los convenios entre la Consejería de Empleo y las empresas o ayuntamientos. Las cantidades recogidas en esos convenios eran luego abonadas por Idea, aunque su gestación correspondía a Empleo. La juez considera ilegal todo el procedimiento de gestación, aprobación, transferencia de fondos y abono de esas ayudas y considera que hay indicios claros de que los miembros del consejo rector conocían todas esas ilegalidades.
A tenor del análisis que la juez hace de las actas de 32 reuniones del consejo mantenidas de 2001 a 2008, decide imputar a las personas citadas y a otros ex altos cargos de la Junta por delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial. La toma de declaración a todos ellos se producirá a lo largo de toda la semana que viene.
También amplía el ámbito de los delitos que atribuye a otros imputados clave, a los que vuelve a llamar a declarar para indagar sobre su papel como miembros del consejo rector del IFA-Idea: el exconsejero de Empleo y, antes, exdirector del IFA, Antonio Fernández; al exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero; al exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; y al exdirector de la agencia Idea, Jacinto Cañete, también exdirector de PwC en Andalucía hasta su imputación en el caso -también está imputado en el de Invercaria-.
A Medel, en concreto, la magistrada le dirige duras palabras tras señalar que, de las 32 reuniones citadas, sólo asistió a 3 y, de las otras 29, delegó su voto en el presidente del consejo en 27 ocasiones: "Llama poderosamente la atención que se le mantuviera en el cargo durante tanto tiempo, no asistiendo habitualmente a las sesiones, de lo que cabe inferir que su actuación por delegación sería cómoda y buscada a propósito".
La juez pone el foco en el análisis de lo tratado en el consejo rector de Idea entre 2001 y 2008 porque este órgano era el encargado de controlar el funcionamiento de la agencia y de aprobar sus presupuestos. Y es que, para Alaya, "el falseamiento del presupuesto anual de Idea era tan trascendental que sin el mismo no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito sistema de concesión de subvenciones".
Este falseamiento consistía en la declaración de cuantiosas pérdidas ficticias, "inventadas durante casi una década", que eran cubiertas mediante transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo -antes, y después de que el IFA estuviera adscrito a esta Consejería, ya que desde 2004 lo estuvo a la de Innovación-. Los presupuestos que aprobaba el consejo rector incluían año tras año esas pérdidas.
De esas actas, y de las declaraciones de dos exdirectores de Idea también imputados -Francisco Mencía (2003-2004) y Miguel Ángel Serrano (2004-2009)-, la juez concluye que el consejo rector del ente, primero, conocía el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, cuya finalidad era agilizar el pago de ayudas para ERE, pero mediante las transferencias de financiación de la Consejería al IFA sin control previo de la Intervención de la Junta.
Ayudas a ERE ocultas
En segundo lugar, que el consejo conocía el déficit presupuestario que se generaba en la agencia año a año para poder justificar la recepción de transferencias desde Empleo para abonar las ayudas a ERE y a empresas y ayuntamientos. Tercero, que la cúpula de IFA/Idea y su consejo rector conocían "la inobservancia generalizada del procedimiento de subvenciones y de la ausencia tanto de bases reguladoras como de fiscalización".
Se refiere siempre la juez a la aprobación por el consejo de las ayudas directas sin procedimiento a empresas y ayuntamientos. Las destinadas a ERE, por decisión de Antonio Fernández tras firmar el convenio marco de 2001, no eran sometidas a la aprobación del consejo. Este criterio de obviar al consejo rector el análisis de los expedientes sociolaborales para ERE lo mantuvo desde 2004 el consejero de Innovación, Francisco Vallejo, preimputado en la causa y hoy diputado.
En cuarto lugar, y en este último sentido, el consejo, según la juez, conocía la decisión de que se le hurtara del análisis de las subvenciones para ERE deliberadamente -pese a que era Idea quien las pagaba. Y la magistrada recuerda que, entre las competencias que tiene atribuido el consejo, está la de aprobar operaciones de pago, gasto o riesgo para Idea de más de 450.000 euros -y hasta 1,2 millones-. Por regla general, señala la juez, las ayudas para financiar los ERE superaban los 450.000 euros.
Entidades
Alaya imputa al presidente de Unicaja