Una visa con Openbank o Caja Rural de Toledo, seguros con Atlantis y Caser, inversiones en fondos de inversión con Self Trade Bank o turismo rural con Estancias de España o Ruralka. Muchos todavía no se lo creen, pero esas son las ventajas que la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ofrece a los suscriptores de sus revistas: OCU Compra Maestra, Dinero y Derechos y Dinero Quince.
La última reforma de la Ley de protección de los consumidores prohíbe expresamente a este tipo de asociaciones "realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios" y señala, además, que los convenios o acuerdos de colaboración deberán "tener como finalidad exclusiva el desarrollo de proyectos específicos de información, formación y defensa de los consumidores y usuarios, mejorando su posición en el mercado".
"Estamos ofreciendo ventajas y apoyos
Aunque basta entrar en su página web para ver las bondades de algunos de estos productos y servicios, la OCU mantiene que este tipo de acuerdos no vulneran en ningún caso la normativa vigente, porque van dirigidos tan sólo a sus socios y no tienen además ningún interés comercial. "Estamos ofreciendo ventajas y ahorros claros a los consumidores", señala la portavoz de la organización, Ileana Izverniceanu. Pero el resto de asociaciones de consumidores presentes en el mercado no opina lo mismo.
Según reconoce la propia OCU, Ausbanc ha presentado ya tres denuncias contra este sistema -a esta organización se la expulsó del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios por realizar publicidad comercial- y Facua ha solicitado al Instituto Nacional de Consumo, que las prohiba. Y no son los únicos.
La UCE, la Unión de Consumidores de España, insiste también en que "no se puede actuar como una empresa cuando estás defendiendo los derechos de los consumidores".
Aislada
La OCU se ha quedado así aislada frente al resto, aunque de momento son pocos los que se atreven a señalarla directamente. "Llevamos años solicitando a Consumo que deje de ser permisivo con las prácticas de deter- minadas asociaciones de consumidores consistentes en promocionar o publicitar productos y servicios de empresas, reciban o no dinero u otros beneficios a cambio de las mismas. No es ético ni legal", asegura Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que se ha convertido en los últimos años en la mayor competidora de la OCU.
Aunque sin citar expresamente a su rival, Sánchez explica que "desarrollar acuerdos para que los socios de una asociación de consumidores puedan beneficiarse de descuentos o condiciones especiales en la compra o contratación de ciertos productos y servicios, supone una intervención negativa en el mercado por parte de las mismas, que le restan independencia".
Para Facua resulta imposible que teniendo un acuerdo comercial con un banco o una aseguradora, después se les pueda criticar por haber dado un mal servicio o incurrir en prácticas abusivas hacia los consumidores.
UCE
Y UCE tampoco se queda atrás. Aunque no ha hecho ninguna petición formal al Gobierno, Pedro Valera, vicepresidente de esta organización, sí que mantiene una postura muy clara al respecto.
"La ley permite, tal y como hacemos nosotros, firmar acuerdos de colaboración con empresas o fundaciones para realizar estudios, jornadas o seminarios sobre la defensa de los con- sumidores, pero nunca para alcanzar acuerdos comerciales, porque entonces se estaría actuando como una empresa y no habría independencia para defender a los usuarios". Valera es un firme defensor de la financiación pública para evitar que las organizaciones de consumidores puedan seguir otros intereses, pero la OCU se opone radicalmente. "Ese modelo no funciona. Debemos ser autosuficientes", insiste su portavoz.
La OCU gana
El problema hasta ahora es que el Instituto Nacional de Consumo, un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha dado siempre la razón a la OCU. Además de desestimar las tres denuncias de Ausbanc, tampoco ha hecho nada en los últimos años ante las sucesivas demandas de Facua. El Instituto reconoce además que se ha modificado la legislación para que las asociaciones puedan recibir dinero de empresas y participar en sociedades mercantiles, una práctica que para los competidores de OCU resulta inadmisible.
La ley, en cualquier caso, deja muy claro que los convenios de colaboración con las empresas "deberán respetar los principios de independencia y transparencia" y limitarse únicamente "a la realización de actuaciones, trabajos, estudios o publicaciones de interés generales para los consumidores y usuarios". Algo que las organizaciones que defienden a los consumidores y usuarios, "es evidente que OCU no está haciendo".
Para la mayoría, la organización que dirige José María Múgica no es una asociación de consumidores, sino una empresa editorial. De hecho, si alguien se acerca a su sede en Madrid y se interesa por hacerse socio, lo que le dirán es que lo único que necesita es suscribirse a sus revistas.
Precios
¿Y cuál es el importe? Los precios varían entre los 50 euros que cuesta, por ejemplo, una suscripción a la revista Dinero y Derecho a los 169,8 euros por los 25 número de Dinero Quince, más el suplemento Acciones, promociones al margen.
Eso sí, a cambio la Organización de Consumidores y Usuarios regala a sus socios desde un reproductor de CD portátil con radio, hasta una agenda electrónica o una minigrabadora digital. "Se trata, tal y como dice la ley, de mejorar la posición de los consumidores en el mercado", asegura Ileana Izverniceanu.