La subida de la luz se ha convertido en un asunto de Estado. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tenido que salir al paso y garantizar que no va a permitir un incremento del 11 por ciento del recibo tal como marcó el jueves la subasta eléctrica Cesur. Para ello, el Ejecutivo tramita de urgencia un Real Decreto Ley que será aprobado el próximo viernes y marcará un precio alternativo.
Rajoy, que ayer se encontraba en Bruselas para participar en el Consejo Europeo, ha pospuesto una semana la nueva normativa para poder firmar este decretazo.
El problema es la incertidumbre creada para los agentes del mercado que participaron en la subasta, principalmente brókers o entidades financieras, como Morgan Stanley, Goldman Sachs o Deutsche Bank, que compran y venden energía desde Londres o Nueva York como un mero activo financiero.
Por ello, se prevé un aluvión de demandas judiciales contra el Gobierno por intervenir un mecanismo basado en un mercado libre y que se impulsó en 2009 para cumplir con la Directiva Europea de liberalización de la energía.
El Gobierno ha abogado por proteger el interés general y entiende que la tarifa eléctrica no puede subir en la cuantía marcada teniendo en cuenta la grave situación económica que atraviesa el país. Esta actitud ha sido aplaudida por diferentes asociaciones de consumidores, sindicatos y diversas patronales.
Ahora bien, también se ha producido un clamor popular e institucional para que se modifique este mecanismo que fija el precio de la energía y que supone en torno a un 40 por ciento del recibo final (el resto es la parte regulada que fija el Gobierno que en cualquier caso subirá un 2 por ciento, esto es un alza del 1,2 por ciento del recibo).
El fin de las subastas
Se trata de un punto en el que también están de acuerdo las propias eléctricas que piden restringir el carácter especulativo de estas subastas y la fuerte participación de entidades financieras.
Por el momento, el asunto se ha tratado con la máxima urgencia. El superregulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), afrontó una jornada maratoniana para poder certificar "la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la subasta" por lo que "ésta no reunió las condiciones necesarias para considerarse válida".
El organismo que preside José María Marín Quemada informó de este pronunciamiento a las 4.14 horas de la madrugada a la Secretaría de Estado de Energía y al Operador del Mercado Ibérico Español (OMIE).
A continuación, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, firmó una resolución en la que certificó que el precio de la subasta no puede ser aplicado para calcular la tarifa del próximo trimestre.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el nuevo procedimiento que aprobará el Gobierno el próximo viernes estará basado en criterios objetivos y transparentes de mercado para que sea de aplicación el próximo de 1 enero de 2014.
Entidades
El Gobierno anula la subasta
