La negociación para reformar el sistema energético se encuentra en su punto álgido. Uno de los puntos claves se centra en la energía nuclear y, por ello, Nuclenor la sociedad que opera la central de Santa María de Garoña, en Burgos, ha puesto un órdago encima de la mesa.
El posible cierre de esta instalación el próximo año si el plazo de prórroga de su vida útil no se amplía de seis a diez años, con el objetivo de poder operar hasta 2023 y no sólo hasta 2019 como había propuesto el Ejecutivo.
Fuentes del sector explicaron a elEconomista que la situación económica de la planta es muy delicada y se ve agravada por las fuertes inversiones a realizar en modificaciones de diseño que ya marcó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que puede operar hasta 2019.
A esto, hay que sumar ahora las nuevas Instrucciones Técnicas anunciadas por este organismo la pasada semana y que ya han si remitidas a los ocho reactores con los que actualmente cuenta el sistema español, con el objetivo de adaptarse a las exigencias de las pruebas de resistencias marcadas como consecuencia del accidente de la central de Fukushima, tras el terremoto de Japón hace ahora justo un año.
Mayor resistencia
Así, las centrales deben hacer un fuerte esfuerzo inversor para aumentar la resistencia sísmica de equipos y estructuras importantes para la seguridad que supone duplicar y, algunos casos, triplicar, el nivel actual de resistencia a terremotos, poner en marcha un centro alternativo de gestión de emergencias antes de 2015 o implantar nuevos equipos, fijos o portátiles, para prolongar el tiempo de respuesta.
Con todas estas modificaciones, continuar con la actividad de Garoña, que está participada al 50% por Endesa e Iberdrola, sólo se hace viable si se prolonga más de lo previsto hasta ahora su vida útil y poder conseguir una mayor amortización de las inversiones.
Desde Nuclenor explicaron a este diario que la sociedad se haya inmersa en presentar una planificación de las inversiones y los cambios que se van a realizar.
A raíz de esta situación, las compañías están realizando diversos informes económicos sobre cómo afrontar la nueva situación. Y es que los operadores quieren que la vida útil de la planta se prolongue hasta 2023, es decir, por diez años frente a la fecha prevista de cierre por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras la llegada al poder del Partido Popular, se decidió revocar este cierre, que debía ejecutarse el próximo año, y el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, solicitó un informe al Consejo de Seguridad Nuclear que certificara si era viable mantener la actividad en la central de Garoña hasta 2019.
Pero las compañías creen que si se hacen las nuevas inversiones requeridas, la central podría operar cumpliendo al cien por cien todos los requisitos de seguridad hasta el 2023, con lo que conseguirían además coger aire al poder laminar en más tiempo el periodo de amortización de las inversiones. En caso de que el Ejecutivo ceda en esta propuesta, la central podría cumplir los 52 años de vida útil.
El panorama actual
Y es en este punto donde entra en juego todo el panorama nuclear español porque las eléctricas apuestas por ampliar la vida nuclear de las plantas a 60 años. Esta medida también es una propuesta de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), en cuyo ideario se basan las reformas energéticas afrontadas por el Ejecutivo hasta el momento, tal como publicó elEconomista en su edición del fin de semana.
Tasas a la nuclear
Y de hecho, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha lanzado mensajes en esta dirección. En concreto, la pasada semana explicó que en "España existen ocho reactores nucleares y no se puede infrautilizar la capacidad disponible", siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear dé vía libre a su continuidad. Pero a renglón seguido explicó que alargar la vida de las centrales nucleares generará unos beneficios adicionales a las eléctricas que deben ser revertidos para corregir el elevado déficit de tarifa, sugiriendo así una tasa.
Pero, precisamente, en los años de amortización se encuentra la razón de las pérdidas de la central burgalesa de Garoña por dos años consecutivos. En concreto, Nuclenor ha tenido que adaptar su situación económica al cese de la actividad formulada por el anterior Ejecutivo para 2013 y cuadrar la amortización de todas las inversiones realizadas con vistas al funcionamiento hasta 2019 en tan sólo cuatro años, cuando se preveía hacerlo en diez.
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