Como se temía, ETA ha hecho público hoy un comunicado 'político' en el que vierte apreciaciones y conceptos que indican a las claras que la organización terrorista no ha interiorizado aún que su lucha ha fracasado estrepitosamente, que la democracia ha triunfado y que ya no hay más horizonte que su desaparición definitiva.
Decir a estas alturas que "la solución [al conflicto] llegará a través de un proceso democrático que tenga la voluntad del Pueblo Vasco como máxima referencia y el diálogo y la negociación como instrumentos" constituye una burla a los demócratas de este país, que hemos tenido que soportar la carga insoportable de la agresión etarra.
Compromiso firme de la banda
Tras un preámbulo tendencioso, la parte dispositiva de la declaración de ETA es contundente: ETA declara un "alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional". Y añade: "éste es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada".
ETA intenta, sin embargo, permanecer como actor en dicho 'proceso', lo que resulta intolerable. La verificación de que habla tan sólo podría servir para dar fe del desmantelamiento, no para garantizar la inactividad.
En esta ocasión, a pesar de la verborrea que se derrocha, el gesto es unilateral y no reclama contrapartidas de ningún género. Ello hace atendible la declaración pero no significa que el Gobierno pueda creer sin más en la buena intención de la organización terrorista, puesto que en ocasiones anteriores ETA ha roto unilateralmente el alto el fuego y ha aprovechado las treguas para rearmarse. En definitiva, el final de ETA sólo se producirá cuando la banda reconozca de forma expresa su autodisolución como entidad armada.
Pacto antiterrorista
En consecuencia, la respuesta adecuada, que debe sustanciarse en el seno del pacto antiterrorista, ha de limitarse a indicar el proceso de verificación que resultaría aceptable y creíble por el Estado, en el bien entendido que tras la verificación habría de producirse en todo caso el afloramiento y la destrucción de los arsenales y los siguientes pasos deberían quedar a expensas de tal verificación.
Y el proceso no puede darse por acabado hasta que ETA no reconozca su disolución y dé plena libertad a los presos de la organización para que se acojan a los beneficios penitenciarios previo reconocimiento del dolo y compromiso de resarcimiento a las víctimas.
Es evidente que la izquierda abertzale pretenderá utilizar este comunicado para reclamar su legalización. Y se equivoca: mientras ETA siga existiendo, sólo la ruptura formal y explícita con ella permitiría que el rechazo a la violencia fuera creíble. Todo ello al margen de que tal rechazo haya de adaptarse a la complejidad de la definición de "violencia" que consta en el artículo 9 de la Ley de Partidos y que goza del respaldo de la jurisprudencia española y europea.
ETA anuncia el fuego permanente