Madrid
Según informa el Ministerio de Justicia, se destinarán 410 millones de euros, entre 2021 y 2023, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para transformación digital, enfocándose en prevenir, detectar, corregir y perseguir cualquier fraude, corrupción o conflicto de interés en la gestión de estos fondos.
Este Plan de Medidas Antifraude se aplicará únicamente a las actuaciones del Ministerio, para la ejecución de los fondos dentro de sus obligaciones establecidas en el PRTR.
Los Estados Miembros están obligados a procurar un uso de los fondos que siga las normas comunitarias y nacionales, por lo que, junto con este Plan, el Ministerio de Justicia ha asumido una declaración institucional contra el fraude. En esta, se compromete a cumplir las normas jurídicas, éticas y morales, así como los principios de integridad, objetividad y honestidad.
El Plan de Medidas Antifraude consiste en una serie de medidas para gestionar el riesgo de fraude. Estas se estructuran en torno a cuatro áreas: prevención, detección, corrección y persecución.
Según el Ministerio, "el enfoque tiene en cuenta el riesgo de fraude en todo su conjunto, tanto en la dimensión operativa, que incluye aspectos como la eficacia y eficiencia de la organización, como en términos de integridad, veracidad de la información, public compliance, prevención del fraude y la corrupción, así como todos los valores, actitudes y comportamientos que determinan la ejemplaridad, transparencia, buena reputación y praxis adecuada de las Administraciones Públicas".
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