La guerra comercial entre EEUU y China constituye un factor clave para entender el actual desarrollo de las relaciones internacionales y de la economía global. Desde los chips hasta la industria automovilística, pasando por las placas fotovoltaicas, esta pugna marca las líneas maestras de las estrategias económicas de Washington y Pekín. Además, en este contexto, el país norteamericano ha endurecido las restricciones a los productos que puedan ser fabricados total o parcialmente por miembros de la minoría étnica uigur mediante trabajos forzados. Recientemente, esta política ha provocado la incautación en puertos estadounidenses de miles de vehículos pertenecientes a Porsche, Bentley y Audi, marcas subsidiarias de Volkswagen.
Concretamente, más de 13.000 vehículos han sido confiscados debido a que uno de sus componentes proviene del oeste de China, región en la que se concentra la etnia uigur, mayoritariamente musulmana y que es objeto de una persecución por parte del estado chino. Al parecer, esta pieza fue suministrada de forma indirecta a uno de los proveedores de Volkswagen, el cual desconocía en un primer momento el origen de este componente. Sin embargo, al obtener esta información, el gigante automovilístico alemán ha sido puesto al corriente de inmediato y ha avisado rápidamente a las autoridades norteamericanas.
La firma alemana ha señalado en un comunicado que el problema se encuentra en un "pequeño componente electrónico que forma parte de una unidad de control más amplia, la cual será reemplazada". Asimismo, la compañía ha comunicado que habrá retrasos en la entrega de los coches, sin embargo, añadiendo que está "aclarando los hechos" así como "tomando medidas apropiadas". Además, Volkswagen ha señalado que "esto también puede incluir la terminación de la relación con el proveedor si nuestras investigaciones confirman violaciones graves".
Volkswagen se refiere a SAIC Motor, fabricante de automóviles propiedad del estado chino, el cual posee instalaciones en las regiones occidentales de China, incluyendo la provincia de Xinjiang, de donde provienen los uigures. En este sentido, la Uyghur Forced Labor Prevention Act, promulgada por EEUU en diciembre de 2021, establece una "presunción rebatible" del uso del trabajo forzado sobre cualquier producto o artículo "fabricado, extraído o manufacturado", de forma parcial o completa, en la oficialmente llamada Región Autónoma Uygur de Xinjiang. Según la norma, la presunción se mantiene hasta que la Oficina de Aduanas y Protección determine, aportando "evidencias claras y convincentes", que estos productos no han sido elaborados mediante trabajo forzado.
Si bien China niega todas estas acusaciones, Amnistía Internacional señala que la etnia uigur es perseguida por el estado chino, el cual busca "eliminar sus creencias y prácticas". Para ello, el organismo denuncia el arresto de uigures en campos de reeducación, "donde la gente es enviada a la fuerza, siendo las autoridades las que deciden si el preso ha cambiado". Además, un informe de Naciones Unidas publicado en julio de 2022 indicó que era "razonable concluir" que se había forzado a trabajar a uigures, kazajos y otras minorías étnicas en sectores como la agricultura y la manufactura.
En este sentido, la BBC publicó un reportaje en 2020 en el que aportaban "nuevas evidencias" de que la industria algodonera china había empleado uigures internados en campos de reeducación. Precisamente, uno de los gigantes del sector textil, Nike, mostró su rechazo a la aprobación de la ley contra el trabajo forzado de los uigures en 2020. Ese mismo año, The Wall Street Journal reveló la existencia de trabajadores forzados en una fábrica ubicada en Xinjiang. Finalmente, la compañía acabó por expresar su preocupación sobre este asunto, al igual que la sueca H&M, lo cual provocó la ira de los medios de comunicación y los consumidores chinos.
Además de algodón, en Xinjiang se producen grandes cantidades de productos como azúcar, carbón y polisilicio, también llamado silicio policristalino. Esto se refleja claramente en los tipos de artículos analizados en 2023 por la Oficina de Aduanas estadounidense. En 2023, las autoridades estadounidenses registraron un volumen de cargamentos valorado en 1.420 millones de dólares, permitiendo la entrada del 48% del mismo y rechazando el 45%, siendo el 7% restante objeto de análisis a día de hoy. La mayoría de los productos pertenecían a los sectores industrial, agrícola y, sobre todo, tecnológico.
En relación con este último ámbito, el polisilicio es clave para el desarrollo de la transición energética. A nivel global, el 95% de las placas fotovoltaicas están hechas con este material, y el 42% de todos estos paneles se producen en China. En este sentido, el 54% de la producción de polisilicio del país asiático se desarrolla en Xinjiang. Todo ello hace que siete de las diez principales firmas productoras de este sector sean chinas, lo cual le confiere al gigante asiático un 97% de la capacidad de producción global de paneles solares.
Esta forma altamente pura y policristalizada del silicio se emplea, sobre todo, en placas fotovoltaicas, aunque también puede utilizarse en circuitos integrados y otros dispositivos semiconductores.
En suma, el contexto de la guerra comercial con China hace probable que EEUU contara con esta variable cuando decidió promulgar la Uyghur Forced Labor Prevention Act. Washington no ha impuesto sanciones a productos originarios de Arabia Saudí, país donde la homosexualidad está condenada con la pena de muerte, o de Qatar, donde Amnistía Internacional denunció casos de trabajos forzados en la construcción de los estadios del Mundial 2022. Resta saber cómo se solucionará la incautación de los vehículos de Volkswagen y, muy especialmente, el futuro de la etnia uigur.