Cree que otorga al regulador poderes "vagos y discrecionales" que "no están justificados" y son incompatibles con la ley europea
BRUSELAS, 3 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea aprobó hoy sin discusión la apertura de un procedimiento de infracción contra España por el decreto que faculta a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a examinar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la alemana E.ON sobre Endesa, al considerar que vulnera el principio de libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.
"Queremos que España cambie esta legislación y la ajuste al derecho de comunitario, por eso hemos iniciado el procedimiento de infracción", dijo el portavoz de Mercado Interior, Oliver Drewes.
A juicio del Ejecutivo comunitario, el decreto otorga a la CNE "poderes amplios y discrecionales" que "no están justificados" y "pueden restringir indebidamente" la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, dijo el portavoz.
Bruselas da al Gobierno un plazo de dos meses para presentar sus argumentos. Si no le convencen, le enviará un dictamen motivado con sus "objeciones legales precisas". Si las autoridades españolas siguen sin atender la solicitud de la Comisión, "el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE", insistió Drewes.
El Real Decreto-Ley 4/2006 se aprobó el 24 de febrero, pocos días después de que se conociera la OPA de E.ON sobre Endesa. En virtud del mismo, se requiere la autorización de la CNE para la adquisición de participaciones en un porcentaje superior a un 10% del capital social, o cualquier otro que conceda influencia significativa, en empresas que realicen actividades reguladas o actividades sujetas a un control administrativo especial, según explica la Comisión.
También se requiere esta autorización para la adquisición de los activos precisos para desarrollar estas actividades. La norma incluye las causas por las que la CNE podrá conceder o denegar estas adquisiciones: la existencia de riesgos en relación con las actividades mencionadas; la incapacidad de desarrollarlas con garantías como consecuencia de otras actividades de la entidad adquiriente o la adquirida y la protección del interés general y cualquier otra causa de seguridad pública.
El Ejecutivo comunitario considera que estos motivos son vagos e indeterminados, y que por ello confieren a las autoridades amplios poderes discrecionales. Como conclusión, la Comisión cree que estos poderes especiales pueden restringir indebidamente la libertad de circulación de capitales y el derecho de establecimiento.
El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, ya pidió explicaciones al Gobierno por el decreto que amplía las competencias de la CNE en una carta enviada el pasado 3 de marzo. McCreevy consideró "insatisfactoria" la respuesta dada por las autoridades españolas y ha seguido adelante con el procedimiento.
El Ejecutivo español había respondido a Bruselas que el decreto de la CNE "está amparado" en el Tratado de la Unión Europea, que permite tomar medidas justificadas por "seguridad pública". Asimismo, defendía la necesidad de tomar medidas que garanticen la seguridad de suministro o la estabilidad financiera de las grandes empresas energéticas.
La Comisión aprobó el pasado martes, 25 de abril, la OPA de E.ON sobre Endesa al considerar que los solapamientos de las dos empresas en los mercados de la electricidad de Francia, Italia, Alemania y Polonia son muy limitados y por tanto la operación no tendrá un impacto negativo sobre la competencia.
El visto bueno de Bruselas reduce todavía más el margen de maniobra del Gobierno y de la CNE. La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ya ha advertido de que la CNE deberá notificarle cualquier medida que quiera tomar respecto a la OPA. Si la considera incompatible con el derecho comunitario podría anularla, y las empresas podrían hacer valer esta decisión ante los tribunales de justicia nacionales.
