MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Las empresas del sector de las telecomunicaciones 'copan' las sanciones por vulnerar la Ley de Protección de Datos, según alertó hoy la Asociación de Internauras, que recordó que el pasado ejercicio la agencia estatal de protección de datos abrió un total de 105 procedimientos y 314 investigaciones contra estas compañías. Entre las principales quejas, los usuarios destacan las altas fraudulentas y las trabas para darse de baja de algunos de sus servicios.
A su juicio, entre las razones de este 'auge' de quejas entre los consumidores se encuentra la multiplicación de empresas dedicadas a facilitar conexiones telefónicas y acceso a Internet. Sus servicios "no siempre se prestan siguiendo la legalidad". Estas empresas "son las que más procedimientos sancionadores tienen abiertos y las que más inspecciones han generado en el último año", según datos facilitados por la propia Agencia de Protección de Datos apuntados por la Asociación.
En 2005, la Agencia abrió 105 procedimientos sancionadores y 314 expedientes de investigación contra las compañías del sector de telecomunicaciones, a las que ha tenido que dar un 'toque de atención' en 143 ocasiones por cuestiones de tutela de derechos, es decir, para garantizar que los datos de los clientes estén actualizados y el consumidor afectado pueda acceder a ellos. Estas cifras duplican a las tramitadas en el sector financiero.
PRÁCTICAS FRAUDULENTAS
El desarrollo de la sociedad de la información y la liberalización del mercado de las telecomunicaciones ha generado la aparición de una serie de prácticas fraudulentas en la contratación de los servicios, irregularidades que han motivado que muchos usuarios se vean involucrados en ficheros de deudores, recuerda la Asociación de Internautas. Así, uno de los motivos más habituales es el alta con engaño no autorizada, conocida como 'slaming'.
El problema también llega cuando el usuario decide darse de baja pero la empresa continúa cobrándole una vez que ha dado orden en el banco de que no se paguen esas facturas. "Entonces hay recibos que se quedan sin pagar porque el cliente no está de acuerdo con que la empresa le siga facturando", explica el presidente de la Asociación, Víctor Domingo.
De este modo, por cantidades mínimas, "miles de ciudadanos se ven dentro de los listados de morosos, de los que muchas veces tienen la primera noticia cuando acuden a un banco a solicitar un préstamo o tratan de comprar un coche". Esta falta de información es uno de los motivos que persigue la Asociación de Protección de Datos.
Y es que como recuerdan desde este organismo oficial, "las empresas tienen la obligación de remitirle una carta a los usuarios para anunciarles que los han incluido en una de estas listas de deudores".
Además, explica por su parte el portavoz de La Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Rubén Sánchez, mientras el impago esté en proceso de reclamación, la compañía "no puede incluir los datos del cliente en el registro", es decir, que si el usuario no está conforme con la cantidad que le reclama la compañía y ha presentado una queja que está sin resolver, la empresa "aún no podría tachar de moroso al cliente".
Según FACUA, tampoco se respeta en muchos casos el tiempo estimado para dar de baja a los clientes de estos registros cuando ya han saldado sus deudas. "Tenemos muchos usuarios que llegan con este problema", señala Sánchez. Tras pagar la cantidad debida y solicitar la baja, las empresas "siguen sin borrarle de la lista negra", afirman las organizaciones de defensa de consumidores.
Este 'reguero' de irregularidades se solventará en poco tiempo, ya que la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones ya ha anunciado que está elaborando una normativa que regulará los conflictos derivados de las altas sin consentimiento. Una medida que reducirá los ingresos en estos registros.
MULTA A UNO-E
Precisamente, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc ha logrado que la Agencia Española de Protección de Datos sancione con dos multas de 60.000 euros al banco 'on line' UNO-E (del grupo BBVA) por ofrecer datos privados y erróneos de uno de sus asociados a los ficheros de morosos Asnef y Badexcug.
Según explicó hoy el delegado de Ausbanc en el País Vasco, Aitor Beldarrain, la entidad bancaria acusó a un cliente por impago de 1.724 euros, cantidad que, aseguraba UNO-E, se había gastado en Internet a través de la tarjeta Visa Movistar Plus.
El cliente tuvo conocimiento de su inclusión en los ficheros de morosos cuando intentó obtener un crédito en una entidad bancaria poco tiempo después. La Agencia de Protección de Datos multó al banco porque no pudo demostrar en ningún momento la recepción de la tarjeta, que según el asociado de Ausbanc, no había tenido en su poder en ningún momento, tal y como había informado a la entidad "fehacientemente y por escrito", aseguró Beldarrain.
La inexistencia de la deuda reclamada por UNO-E quedó demostrada "cuando el Departamento del Defensor de la Clientela del BBVA remitió cinco meses después de producirse los hechos un escrito al afectado en el que presentaba sus disculpas por el incidente ocurrido y le informaba de la cancelación de la deuda", añadió.
El delegado de Ausbanc emplazó a los usuarios a "asumir que existen ciertos riesgos, lo que conlleva la necesidad de extremar las medidas de seguridad cuando se use de la banca por internet". "A veces no exigen más que el número de una tarjeta y la fecha de caducidad de la misma", dijo.
En este sentido, apostó por "hacer un gran esfuerzo en seguridad, acudir sólo a páginas seguras, y que las entidades bancarias, como ya hacen algunas, realicen avisos telefónicos cuando detecten compras no habituales".
"La banca 'on line' está en auge, al igual que el pago con tarjetas bancarias de compras por internet, que ha crecido un 93% en el último año en España", advirtió, añadiendo que "parece que ahora sí está pegando fuerte como canal alternativo a la banca ordinaria ya que tres millones de internautas son capaces de usar la banca por internet".
