Los sindicatos exigen al Gobierno el "respeto a los Derechos Humanos"
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas de Colombia (FITIM), con más de 25 millones de miembros de la industria minera, siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, automotriz, construcción naval, aerospacial y electroelectrónica, han remitido una carta al presidente colombiano, Álvaro Uribe, para manifestar su oposición a las "violaciones al sindicalismo colombiano".
En la misiva, estos trabajadores denuncian la retirada de medidas de protección del presidente de Sintraminercol, Francisco Ramírez Cuéllar, y del presidente de la Subdirectiva de El Paso de la misma empresa, Estívenson Ávila.
Ramírez empezó a recibir amenazas de muerte, e incluso sufrió un atentado en octubre de 2004, cuando comenzó a defender los derechos de los mineros colombianos frente al poder de las transnacionales y se opuso al cierre de la empresa minera estatal Minercol. Desde entonces, ha vivido bajo las medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vela por su vida y la de su familia.
En los pasados meses de abril y mayo, en calidad de asesor de Funtraenergética, Ramírez participó en la negociación y huelga de los trabajadores de la compañía Drummond. Al concluir la huelga, "las represalias no se hicieron esperar", según denuncian los sindicatos que afirman que se "vivieron atentados y amenazas, y se incrementaron nuevamente los seguimientos, hostigamientos, vigilancia a la sede sindical y a la casa de Francisco Ramírez".
Por su parte, la administración de Minercol, representada por el gerente, Eduardo Arce, y la coordinadora administrativa, Mónica Illigde, retiraron el vehículo de protección y la gasolina que recibía Ramírez. Además, el servicio de radio a los escoltas "fue suspendido".
Finalmente, el pasado 5 de octubre Ramírez recibió por escrito la decisión del Gobierno colombiano de quitarle el vehículo blindado y darle un vehículo sin blindaje "dejándolo a merced de cualquier atentado". Una semana después le propusieron que aceptara un vehículo no blindado y una subvención para el transporte de 830 dólares (650 euros aproximadamente).
EXIGENCIAS AL GOBIERNO
Por todo esto, la FITIM rechaza en su carta "todos los atentados, persecuciones, seguimientos y amenazas a dirigentes sindicales en Colombia", especialmente a Francisco Ramírez, y exige al Gobierno "el respeto a los Derechos Humanos".
Asimismo, la Federación considera una "actitud arbitraria" el hecho de retirar las medidas de protección y manifiesta la "continua represión existente en Colombia con los integrantes del tejido sindical".
Por todo ello, la FITIM solicita a las organizaciones sindicales y sociales de Colombia que el Gobierno "cumpla con las medidas de protección en favor de Francisco Ramírez y de Estivenson Ávila", concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las medidas que exige la Federación son mantener el vehículo blindado asignado para la seguridad de Ramírez; dotar del material necesario para la seguridad del empresario a los escoltas; dar las garantías necesarias a Ramírez para el libre ejercicio de la actividad sindical; y en definitiva, que la Administración ponga todos los medios a su alcance para evitar cualquier intento de atentado contra el presidente de Sintraminercol y su familia.