
Madrid, 11 sep (EFE).- Unauto VTC, la patronal de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), traslada hoy al Ministerio de Fomento la conveniencia de un sistema común de precios en la precontratación (por móvil o aplicaciones) tanto para taxis como para VTC, como una de las propuestas que la patronal pondrá encima de la mesa.
El presidente de Unauto VTC, Eduardo Martín, que se reúne hoy por segunda vez en mes y medio con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha comentado a la entrada del ministerio que ha preparado en consenso con el sector una "línea de propuestas enfocadas al diálogo y a la convivencia" con el taxi.
Martín va a presentar al secretario de Estado una batería de propuestas ante una posible e inminente nueva normativa para el sector de las VTC.
Esa normativa, que modificaría la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), facultaría a las comunidades autónomas para regular la actividad de los VTC y una posible implantación de segundas licencias para respetar el ratio 1/30 (un VTC por cada 30 taxis), cuya proporción media es actualmente de 1/6 en España.
Para Martín, las licencias que existen actualmente de VTC "son legales y no deben ser eliminadas".
El número de licencias de VTC alcanza las 11.200 según el último recuento oficial de septiembre, frente a las 65.539 de taxi, en una proporción aproximada de 1/6.
El presidente de la patronal de VTC ha subrayado que la obligatoriedad de una segunda licencia para operar "es ilegal", y ha puesto como ejemplo la sentencia al respecto del Tribunal de Justicia de Cataluña que derribó la norma para Barcelona que pretendía aprobar la alcaldesa, Ada Colau.
Martín ha asegurado que el secretario de Estado "está informado" de que es contraria a la ley la rescisión de una autorización de VTC ya concedida.
Fuentes del sector han detallado que si las comunidades autónomas o incluso los ayuntamientos son facultados para expedir una nueva licencia a las VTC para garantizar el citado 1/30 y eliminar las licencias sobrantes, la cuantía de las indemnizaciones podrían alcanzar los 3.758 millones de euros.
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