UGT y CCOO exigen un Plan Regional para eliminar el amianto de los edificios

Madrid, 25 may (EFE).- Los secretarios generales de UGT y CCOO de Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, respectivamente, han exigido hoy a la Comunidad que elabore un Plan Regional para desamiantar edificios públicos y privados.

En una rueda de prensa conjunta ambos han expresado sus condolencias por el fallecimiento ayer del trabajador de Metro de Madrid, Antonio Morán Canseco, oficial de mantenimiento, como consecuencia de la enfermedad profesional derivada de la manipulación de amianto en su puesto de trabajo.

Los dos dirigentes sindicales también han reclamado el reconocimiento médico de todos los trabajadores del suburbano madrileño, de contratas y subcontratas, teniendo en cuenta que "posiblemente más de uno estará padeciendo del pulmón a consecuencia del amianto", ha señalado Cedrún.

Ambos han asegurado que pedirán responsabilidades a Metro de Madrid por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la exposición de los trabajadores al amianto, un material prohibido en España desde 2002 por su carácter cancerígeno.

López Reillo y Cedrún han considerado necesario un Plan Regional, que incluya unos plazos concretos para eliminar "poco a poco" el amianto de edificios públicos y privados, que en muchos casos "son viejos y empiezan a deshacerse, por lo que sueltan el polvillo del amianto".

Hasta el momento, hay tres trabajadores de Metro de Madrid con la enfermedad profesional reconocida, uno de los cuales es el fallecido ayer, mientras que se investiga el fallecimiento de dos extrabajadores del suburbano ante las sospechas de que pudo haberse producido por su exposición al amianto.

Metro de Madrid invertirá un total de 140 millones de euros para la eliminación de este mineral en toda la red, tanto en el material móvil como en estaciones y otras instalaciones.

Actualmente, hay 33 trenes del suburbano en talleres que están siendo desamiantados por una empresa especializada, dentro de la primera fase del plan de retirada del amianto autorizado por el Instituto regional de Seguridad y Salud en el trabajo.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid abrió el pasado mes de marzo una investigación penal por un posible delito contra los derechos de los trabajadores de Metro, a partir de la denuncia de la Inspección de Trabajo por la presencia de amianto en el suburbano.