Finalmente, las agencias de calificación de crédito, una de las industrias más polémicas del sector financiero, tendrán que someterse a un nuevo reglamento mucho más estricto, que evitará el conflicto de intereses y aumentará la transparencia. Los reguladores federales adoptaron ayer una nueva serie de medidas que intentarán evitar que estas compañías vuelvan a jugar un polémico papel en la debacle desatada en el mercado de las hipotecas de alto riesgo y en la crisis de crédito que se vive a este lado del Atlántico.
La decisión, tomada de forma unánime por los cinco miembros que componen la Comisión de Mercados e Inversores de Estados Unidos, (SEC, por sus siglas en inglés), forma parte de la multitud de respuestas que el gobierno del país está ofreciendo para intentar sanar el comatoso sector financiero norteamericano. La nueva regulación se hará efectiva durante los próximos 60 días.
Christopher Cox, el presidente de la SEC, definió la adopción de estas nuevas medidas como "una acción significativa y sustancial" que afectará a todos los aspectos del negocio de las agencias de rating. La nueva regulación otorgará acceso a los inversores a nueva información, al tiempo que promueve la competencia en la industria. Cabe recordar que después de casi un siglo autoregulándose, la industria pasó a ser supervisada por la SEC con una ley hace un año.
Así, a partir de ahora ninguno de los miembros de una agencia de rating podrá recibir regalos o beneficios de las empresas que califique que superen el valor de 25 dólares. Además, tampoco podrán negociar las tarifas con las distintas compañías que se sometan al rating.
Con este modelo se pretende detener las prácticas en las que muchas compañías intentaban comprar calificaciones favorables a través de regalos o renegociando tarifas con los empleados de las agencias de rating. "Estas reglas evitarán que los raters ofrezcan mejores calificaciones a aquellas compañías que paguen más dinero", afirmó el comisario demócrata, Luis Aguilar.
Las nuevas reglas, algunas de las cuales ya fueron presentadas el pasado 25 de junio, se incluyen dentro de un informe que la SEC presentó el pasado 8 de julio. Las tres grandes compañías de rating, Moody´s, Standard & Poor´s y Fitch Rating, se verán afectadas bajo la regulación, que también propiciará la competencia con otras firmas más pequeñas.
Otra de las nuevas obligaciones apunta que las agencias en cuestión deberán proveer al público con más detalles sobre cómo realiza sus calificaciones. A partir de ahora se requerirá a los empleados de dichas agencias que pongan en su web, los datos e historial del 10 por ciento de sus ratings. Además deberán dar a conocer estadísticas sobre sus rebajas o mejoras de calificación para cada tipo de activo que se analice. A ello deberán justificar toda verificación realizada sobre la calidad de aquellos valores cuya naturaleza sea especialmente complicada.
Por supuesto, se prohíbe a las agencias de rating que aconsejen a los bancos de inversión sobre cómo empaquetar activos para recibir una mejor calificación.
La reacción de las tres grandes firmas de la industria fue positiva. Los portavoces de Moody´s, Fitch y S&P aseguraron y apoyaron la nueva regulación y pusieron de manifiesto que ya han comenzado a aplicar las medidas necesarias para garantizar la transparencia y seguirán haciéndolo en el futuro.
En julio, la SEC reveló un informe que criticaba seriamente el trabajo de las agencias de rating por la calificación de emisiones de títulos ligados a hipotecas subprime. Según el regulador bursátil, Moody´s, Fitch o S&P no pudieron seguir el ritmo de crecimiento de estas emisiones desde 2002 y que a veces se produjeron serios conflictos de intereses entre sus empleados.
El informe apuntaba que alguna de las compañías antes mencionadas no contaba con los suficientes analistas para atender a este mercado. Pero además, los analistas no siempre conseguían la información necesaria para su calificación, y tampoco documentaban sus conclusiones.
