El cáncer de pleura y pulmón afecta sobre todo empleados de la industria naval, fibrocementos, ferroviario y del automóviles
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
CCOO ha hecho un llamamiento "urgente" a la Administración pública para reclamarle "un nuevo modelo de enfermedades profesionales que mejore las deficiencias del promulgado en 1978" y que, en concreto, cubra a los empleados afectados por la exposición al amianto.
Según apunta el sindicato, su objetivo es dotar a España de un sistema a medio plazo "que permita visualizar la realidad del daño que sufren los trabajadores en el desempeño de su actividad laboral para aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar que dichos daños se reproduzcan, así como para garantizar los niveles adecuados de protección y cobertura".
En este sentido, piden que se tomen "medidas urgentes" que frenen las preocupantes cifras que arroja un exhaustivo informe de la Unión Europea: el amianto causará la muerte de 500.000 personas en los próximos 30 años. Más de 250.000 fallecerán por cáncer de pleura y el resto por cáncer broncopulmonar.
CARTA A LA MESA DEL CONGRESO
En este estudio, los datos relativos a España indican que "estamos ante una epidemia que va a causar la muerte por cáncer, de 40.000 a 56.000 personas hasta 2025. Cataluña, Madrid, Andalucía, Euskadi, la Comunidad Valenciana y Asturias serán los ámbitos territoriales con mayor tasa de mortalidad por cáncer de pleura y pulmón que, principalmente afecta a los trabajadores de la industria naval, fibrocementos, material ferroviario y reparación de automóviles.
Según CCOO, "más de dos millones de toneladas de amianto recubren actualmente tejados, techos, paredes, tubos de conducción de agua y gas, frenos y embragues". Grandes almacenes, hospitales, centros de enseñanza y de investigación, barcos, trenes y edificios "contienen grandes cantidades de amianto".
Existe un Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) que incluye algunas de ellas: no están todas las que son a pesar de ser obligatoria la inscripción para las empresas. "Se carece, por tanto, de un necesario registro histórico de empresas y trabajadores expuestos en los últimos treinta años para hacer una vigilancia de la salud específica y un diagnóstico (en su caso) temprano", alerta el sindicato.
CCOO lamenta en este sentido que ante esta situación los poderes públicos hagan "oídos sordos", resten importancia al problema "y se resistan a reconocer la relación entre la exposición al amianto y las enfermedades derivadas".
GESTION Y CONTROL DEL MATERIAL TOXICO
La Comisión de Sanidad del Congreso aprobó por unanimidad el pasado 22 de febrero la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde (Izquierda Unida-ICV), que, apoyada por CCOO, está destinada a tomar medidas para frenar los efectos que produce el amianto en los trabajadores, así como elaborar un programa que permita la gestión, el control y la eliminación de este material tóxico que provoca efectos nocivos en la salud de los trabajadores.
En cuanto a sus efectos, tradicionalmente "ha existido un gran desconocimiento en la Seguridad Social sobre estas patologías", y por lo tanto han sido poco reconocidas. De hecho, en 2003, la Seguridad Social sólo notificó 15 enfermedades profesionales relacionadas con este agente (nueve asbestosis y seis cánceres de pulmón) todas ellas leves y graves, ninguna mortal.
No obstante aun hoy, en la mayor parte de los casos, "no se hace una vigilancia de la salud adecuada ni pruebas diagnósticas específicas de acuerdo a la peculiaridad del riesgo de exposición al amianto", y los procesos de reconocimiento del origen laboral de la asbestosis "se judicializan sistemáticamente".
Así, las Mutuas, como entidades colaboradoras de la Seguridad Social, "acuden como expertos periciales en contra de los intereses del trabajador afectado, negando la evidencia científica sobre la relación causa-efecto entre exposición y cáncer, aspecto este sobre el que no cabe ninguna duda en la colectividad científica especializada", añade CCOO.
Desde los sindicatos mayoritarios piden en este sentido a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social la adopción de medidas "urgentes" para el seguimiento y atención de los trabajadores enfermos por exposición a amianto; entre ellas la firma de Convenios Específicos tanto con el área sanitaria como con el área de servicios sociales para el correcto apoyo de enfermos y familiares.
También apuestan por la firma de un Convenio entre Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo con la finalidad de agilizar la actuación de ésta en los supuestos de extinción laboral (sin derecho previo a prestación de incapacidad) por incompatibilidad entre el estado de salud del trabajador y el puesto de trabajo.
Asimismo, la Seguridad Social "deberá hacer una propuesta de calendario para abrir la reflexión sobre la viabilidad de aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación de trabajadores expuestos al amianto en su vida laboral, conforme a los criterios y bajo a los parámetros que se determinen en su momento".
Por lo que respecta a la gestión, control y eliminación del amianto, piden también a las Administraciones central y autonómicas que asuman sus responsabilidades al respecto y garanticen una evaluación actualizada de la protección de la población y del medioambiente que suponen los trabajos de desamiantado y la adopción de las medidas adecuadas, antes de iniciarse trabajos de seguridad, mantenimiento, reparación o desguace.
Finalmente, piden la elaboración de un programa de acción de acuerdo con las Comunidades Autónomas que permita la gestión, el control y la eliminación correcta del amianto instalado con el fin de evitar cualquier impacto en la salud de los trabajadores, con los registros y procedimientos necesarios para ello.