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La CE plantea ligar entrega de fondos a las reformas y al Estado de derecho

Bruselas, 28 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) planteó hoy ligar el desembolso de fondos del presupuesto comunitario a los países al respeto del Estado de derecho, así como dar incentivos a aquellos que apliquen reformas estructurales.

Estas ideas se recogen en un documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la Unión Europea (UE) presentado hoy y que advierte de que la salida del Reino Unido supondrá una merma de su volumen justo cuando el bloque se enfrenta a nuevos retos ligados a la crisis de refugiados, el terrorismo o la seguridad.

"No tendremos al Reino Unido con nosotros, que era un contribuyente neto pese a sus rebates, así que tendremos un agujero de entre 10.000 y 12.000 millones de euros", dijo el comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, en la presentación.

El segundo "agujero", dijo, vendrá de los "nuevos retos en defensa, control y protección de las fronteras, así que el documento presenta varias opciones para cubrir estos agujeros".

El documento, de 40 páginas, busca servir de base para el debate entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo de cara a elaborar el próximo marco financiero plurianual, que fijará el techo de gasto para los años después de 2020, de modo que lo que hay sobre la mesa en este momento son ideas, no propuestas en firme.

Entre estas, la Comisión plantea dar "incentivos para apoyar las reformas estructurales" para reconocer "el coste económico, financiero o político de las reformas".

Estas "recompensas financieras" podrían salir de los fondos de cohesión o establecerse bajo un nuevo fondo individual abierto a todos los Estados miembros, y estarían ligadas a la aplicación de las recomendaciones económicas por país que emite anualmente la Comisión.

Además, el Ejecutivo comunitario se hace eco de las sugerencias para "ligar el desembolso de fondos del presupuesto europeo a la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros", un tema que se ha puesto de relieve después de que la Comisión abriese un expediente a Polonia por este motivo.

"El respeto o no del Estado de Derecho influencia la calidad de la administración, el funcionamiento de la justicia, el marco legal e institucional en el que operan las empresas y el presupuesto de la UE", dijo la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, quien precisó, no obstante, que el modo de vincular esto "sigue abierto".

La CE pone el foco en mejorar la eficiencia del gasto, revisando los instrumentos de financiación que existen, y en particular las ayudas a la agricultura y la política de cohesión, destinada a reducir las diferencias entre países.

En el último caso, plantea introducir nuevos criterios para otorgar fondos relacionados con los "retos" que afronta la Unión, ya sea desempleo, inmigración o cambio climático, por ejemplo.

A la hora de abordar cómo financiar las necesidades una vez que se consume el "brexit", la Comisión propone tener en cuenta el informe sobre los recursos propios que podría utilizar la UE elaborado por el excomisario Mario Monti.

Este propone, entre otras ideas, utilizar impuestos relacionados con la energía, el medio ambiente o la lucha contra el cambio climático, así como introducir tasas a nivel europeo a la emisión de dióxido de carbono, a los combustibles fósiles, a las compañías eléctricas o a las transacciones financieras.

En todo caso, "no vamos hacia un impuesto UE", según dijo Oëthinger, quien recalcó, no obstante, que las necesidades no se cubrirán "solo con cambios en el gasto y recortes".

En cuanto al personal comunitario, la CE quiere que a la hora de debatir el presupuesto se tenga en cuenta que tras las reducciones de salario y alargamiento de edad de jubilación de los eurofuncionarios, hay "un interés decreciente" entre los profesionales de países con alta renta a trabajar para las instituciones.

El comisario recordó que el presupuesto de la UE supone un 1 % de los ingresos interiores brutos combinados de los Estados Miembros, y que por cada 100 euros ganados, los ciudadanos europeos pagan de media 50 euros cada uno en impuestos de los que solo 1 euro va al presupuesto comunitario.

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