
Bruselas, 26 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) defendió hoy que la liquidación de Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza, que ordenó la Unión Europea (UE) el viernes pero será ejecutada con dinero público por Italia, cumple con las reglas comunitarias pese a que los contribuyentes deberán contribuir al rescate.
"Las reglas aplicadas en este caso están totalmente en línea con el marco que se puso en marcha después de la crisis, y en general con las reglas de la Unión Bancaria", dijo la portavoz Vanessa Mock en la rueda de prensa diaria de la institución.
El Ejecutivo comunitario salió al paso de las críticas por haber autorizado a Italia a conceder hasta 17.000 millones de euros en ayudas públicas para la liquidación de ambas entidades cuando el objetivo primordial de la Unión Bancaria es que los rescates bancarios no salgan de las arcas públicas.
La portavoz indicó que se han cumplido las normas previstas tanto en la regulación relativa al Mecanismo Único de Supervisión como en la Directiva de Reestructuración y Resolución Bancaria (BRRD, por sus siglas en inglés).
La Junta Única de Resolución europea (JUR) ordenó este viernes liquidar las entidades italianas después de que el Banco Central Europeo (BCE) declarase que eran inviables o estaban en riesgo de serlo, pero decidió no someterlas a resolución puesto que no era de "interés público".
Así las cosas, la liquidación forzosa quedó en manos de Italia y sujeta a las normas nacionales de insolvencia, de modo que Roma solicitó proporcionar ayudas públicas para la operación y este domingo recibió luz verde de la Comisión.
"Este tipo de camino está totalmente previsto en las normas, es parte de nuestro marco", insistió la portavoz comunitaria.
El Gobierno italiano aprobó este domingo un decreto ley por vía de urgencia que permite ceder los activos sanos de Veneto Banca y Popolare di Vicenza al italiano Intesa San Paolo y de da vía libre para movilizar "recursos hasta 17.000 millones" de euros para mantener su actividad.
En concreto, se darán a Intesa San Paolo 4.785 millones en inyecciones directas de liquidez para evitar el impacto en su capital por la compra de los bancos, y hasta 12.000 millones -aunque la cuantía final podría ser menor- en garantías por la insolvencia de las entidades adquiridas.
Los accionistas y tenedores de deuda subordinada (junior) de Veneto Banca y Popolare di Vicenza tendrán que asumir pérdidas, aunque Italia prevé compensar a los inversores minoristas que adquirieron bonos junior cuando hubiese mala praxis en su venta.
Bruselas dio luz verde a estas ayudas para "evitar una perturbación económica en la región del Véneto" y consideró que no se producirá una distorsión de la competencia en los mercados europeos porque los bancos asistidos salen del mercado e Intesa reducirá "de forma significativa" las actividades que ha adquirido.
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